Por Manuel Hernández Villeta.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) tiene razón. Hay que controlar el accionar en las calles de los partidos
políticos. No puede ser que por las primarias de los grupos partidistas,
comiencen las caravanas y los actos de masas.
A los partidos se les tiene que permitir que realicen sus
actividades en recintos techados o cercados, sin que obstaculicen el normal
tránsito por la vía pública. Para poder realizar esas actividades hay hoteles,
salas de conferencias y estadios deportivos.
Ahora la JCE puede prohibir a los partidos realizar esas actividades, pero no cuenta con
el mecanismo de presión para someter al orden a los violadores. Una disposición que no cuenta con las acciones
para aplicar sanciones, es letra muerta.
Es impensable que se movilice a la policía o los organismos
armados para dispersar una caravana de los principales dirigentes del partido
de gobierno o del principal de la oposición. Una acción de este tipo podría
traer peligrosos efectos colaterales.
A la Junta lo que le resta es reunirse con el liderazgo
político y exigir que se cumpla su resolución. Es el diálogo y la concertación
la única vía de impedir que continúen las movilizaciones políticas.
Las modificaciones en el sistema electoral dominicano lo
hacen cada día más difícil. Ahora hay que ir a precandidaturas para todos los
cargos, y se supone que los candidatos tienen que salir a las calles a expresar
sus ideas. Se habla de comienzo de la ruta electoral, pero no se puede pasar
por alto que ahora los cargos no se consiguen de dedo, sino en convenciones.
Para ganar unas elecciones internas, o por lo menos hacer un
buen papel, es necesario que el mensaje llegue, y para ello se tienen que
utilizar todos los mecanismos de propaganda, incluyendo la movilización
callejera.
De primera instancia, estoy de acuerdo con la prohibición de
la JCE. Ahora queda hablar con los políticos para llegar a un entendimiento
y respeto institucional. Es lamentable
que en un país donde la mayor parte de la población pasa hambre, se dedique
tanto tiempo al clientelismo partidario.
Otra cosa. Se establecen diferencias entre las protestas
populares, y el proselitismo electoral. Hay un hilo conductor donde es difícil determinar solo hay acciones de
protestas o reivindicaciones sociales y donde comienza lo proselitista. Habría
que determinar si los integrantes de la llamada Marcha Verde están en un accionar político-electoral, con
la consigna de lucha contra la corrupción.
La JCE tiene una estructura frágil, lo he escrito en varias
ocasiones, por lo que cuando toma una decisión, si es justa la misma debe ser
apoyada por toda la comunidad. No vamos a entrar a la legalidad o no de la
prohibición, porque ello sería terreno de los tribunales Superior Electoral y
Constitucional, y de la Suprema Corte de Justicia.
Lo cierto es que las movilizaciones van a continuar. La JCE
hizo una advertencia, pero como no hay mecanismos de fuerza para aplicarla, su
cumplimiento quedará al libre albedrío de cada quien. Dudo que los líderes
políticos que buscan la postulación presidencial, suspendan sus caravanas y
actos de masas. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
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