El tribunal reconoce la fortaleza de la investigación e impone, además, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas para otros tres imputados; el Ministerio Público reafirma su independencia y reitera que todo el que sustrajo el patrimonio público en el SeNaSA será procesado
Publicado por Robinson
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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (15/12/2025).- Tras la decisión de un juez de imponer medidas de
coerción a los diez arrestados en la Operación Cobra, el Ministerio Público
prometió que seguirá trabajando sin descanso para que respondan por sus hechos
ante los tribunales, por sus acciones delictivas, todos los implicados en el
caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Servicio
Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público, indicó, además, que el órgano persecutor buscará presentar, en el
menor tiempo posible, la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que
procederá a traducir a la justicia a otras personas físicas y jurídicas
implicadas en el fraude.
El juez de la
atención permanente Rigoberto Sena Ferreras, quien valoró la fortaleza de la
investigación del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva a
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del
entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco
Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim,
Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Para los imputados
Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el
juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida
del país.
Wilson Camacho
representó al Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz,
titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), así como a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel
Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
“Es una decisión
histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres
elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez
ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves, los
ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha
comparado, incluso, como una forma holocausto, entendiendo lo que planteó el
Ministerio Público de que se trata de hechos extremadamente graves”, dijo
Camacho.
“El segundo elemento
que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del
Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su
decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados por el
Ministerio Público”, resaltó.
“Lo tercero fue que
(el juez) valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre
esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a
Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y
garantías económicas e impedimento de salida para otros tres”, indicó.
“En sentido general,
los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”,
sostuvo Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubrieron la audiencia
de la noche de este domingo.
En ese contexto,
explicó que en adelante el Ministerio Público se apresta a “hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el
banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido, y en segundo
lugar los abogados a trabajar día y noche como lo hacemos siempre, sin
descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este
caso”.
El Ministerio Público
reafirma su condición de órgano independiente y reitera que todo el que
sustrajo el patrimonio público será procesado.
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