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ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO, (14/02/2026).- El Ministerio Público inició este viernes las réplicas a las defensas
de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y
compartes, demostrando con pruebas fehacientes la falsedad de los
planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la
sustracción de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó
el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a
las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden
desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a
la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el
Distrito Nacional.
“Ha quedado más que claro, con los elementos el Ministerio Público ha
demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo
dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por
sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con
elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando
uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.
“Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”,
apuntó.
Durante la réplica del Ministerio Público, la titular de la Pepca dijo a
la jueza Altagracia Ramírez que las barras de abogados de los acusados se
vieron imposibilitadas de defender a sus clientes de la sólida acusación contra
los cabecillas de una red de corrupción enfrentada por el Ministerio en el año
2023 cuando puso en marcha la Operación Calamar.
Pidió el rechazo al pedimento de exclusión de las pruebas que fueron
debidamente recolectadas por el Ministerio Público.
Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público
junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin
Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos
de forma maliciosamente incorrecta”, expresó ante el tribunal.
El expediente por corrupción
Los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma
millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados
de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña
electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas
físicas y jurídicas. El grupo es
procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de
funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y
financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de
activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel
Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA).
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi
Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de
Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández
Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana
Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y
Víctor Matías Encarnación.
La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 18 de febrero, a
partir de las 9:00 de la mañana.
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