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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (28/03/2026).- El procurador adjunto Wilson
Camacho señaló este viernes que el caso contra Donald Guerrero, José Ramón
Peralta y Gonzalo Castillo devela la trama de un caso de corrupción
administrativa en el que funcionarios influyentes se asociaron para,
aprovechando su poderío dentro de las entrañas del poder, sustraer miles de
millones de pesos de todos los contribuyentes.
El director general de Persecución del Ministerio Público recordó que los
tres exfuncionarios, junto a los demás implicados, en el caso, solo en
expropiaciones sustrajeron más de 19 mil millones de pesos del erario que
pudieron ser destinados a servicios esenciales como la salud en momentos en que
el país se enfrentaba a la pandemia de la Covid-19.
Camacho manifestó que la estructura sustrajo dinero además de pagos de
deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar
que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al
marco jurídico.
Relató que en el esquema de corrupción que implantaron los entonces
funcionarios para defraudar al Estado se vieron situaciones tan inverosímiles
como el hecho de que un alistado de una entidad castrense podía retirar hasta
mil millones de pesos en efectivo del sistema financiero.
Resaltó, además, que la estructura se quedaba hasta con el 70 % de lo que
dijeron habían pagado a terceros que, instigados en la mayoría de los casos por
los funcionarios que participaron en el esquema de corrupción, reclamaban pagos
al Estado por viejas expropiaciones.
Camacho indicó que, ante la contundencia y la gravedad de las pruebas,
confía en que el sistema de justicia juegue su papel al igual que el Ministerio
Público y que el tribunal envíe a juicio a todos los acusados, ya que se trata
de un proceso sobreprobado, con unos 1,278 medios de pruebas en el que toda la
sociedad espera se castigue la corrupción sin que prevalezca ningún asomo de
impunidad.
El proceso penal
Luego de presentar sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa
el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los
procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de
RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la
puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió
la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos
declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña
electoral de 2020.
Además de los exministros de Hacienda, Obras Públicas y administrativo de
la Presidencia, Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta,
entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa también
figuran: Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel
Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver
Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián
Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
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