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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO
DOMINGO, (20/08/2026).- La familia Mañón denunció que el Ministerio de
Turismo se niega a entregar unos 41,000 metros cuadrados de terrenos que, según
afirma, mantiene retenidos ilegalmente desde hace varios meses, en
contraposición con lo dispuesto por una decisión judicial.
Sostiene que el Ministerio de Turismo estaría
incumpliendo lo ordenado en la sentencia núm. 0030-1643-2026, por lo que
reclama que se haga efectiva la decisión de los tribunales y se restituyan los
derechos que corresponden a sus propietarios.
Explicaron que se trata de terrenos titulados y de elevado valor
económico, con un importante potencial para inversiones turísticas, razón por
la cual consideran preocupante que su entrega continúe pendiente.
Asimismo, denuncian la existencia de intereses vinculados a la zona que,
según su apreciación, estarían procurando beneficiarse de esos terrenos,
situación que calificó como preocupante y que, entiende, debe ser investigada
por las autoridades competentes.
Jacinto Mañón Miranda recordó que, en un
Estado de derecho, las instituciones públicas están obligadas a respetar las
decisiones emanadas de los tribunales, conforme al principio de tutela judicial
efectiva y al carácter vinculante de las decisiones judiciales.
Consideró que la existencia de recursos o procedimientos posteriores debe
determinarse conforme a sus efectos jurídicos específicos, pero que ninguna
institución puede decidir unilateralmente ignorar una orden judicial que
resulte ejecutable.
En ese sentido, reclamó que el conflicto sea resuelto exclusivamente
mediante los mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes
dominicanas.
Ante lo que califican como una prolongada retención de los terrenos, la
familia Mañón solicitó al presidente Luis Abinader ordenar al Ministerio de
Turismo y a su titular que den cumplimiento a las disposiciones judiciales
correspondientes.
“Estamos reclamando que se cumpla la ley y que una institución del Estado
respete lo que han dispuesto los tribunales”, señalaron.
Mañón Miranda consideró que el cumplimiento de las decisiones judiciales
constituye una garantía indispensable para preservar la seguridad jurídica, el
derecho de propiedad y la confianza de los inversionistas nacionales y
extranjeros.
Reiteró que los aproximadamente 41,000 metros cuadrados representan una
propiedad de alto valor y con posibilidades de desarrollo turístico, por lo que
entiende que la prolongación del conflicto perjudica directamente a sus
propietarios.
Finalmente, la familia afectada hizo un llamado a las autoridades para que se
produzca una solución institucional al caso y se cumpla con la decisión
judicial, garantizando así los derechos que, según sostiene, le corresponden.
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