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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (11/08/2026).- El
Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitud de apertura a
juicio en contra de Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por pedir un
soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega
controlada.
El Ministerio Público,
representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso
Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena
Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos
Especiales, depositó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación
del Distrito Nacional.
El órgano acusador solicitó fijar
la audiencia preliminar a los fines de conocer el acto conclusivo consistente
en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra del acusado
Valdez Alcántara por su participación en el hecho punible al que se contrae la
acusación.
Además, solicita que se admita de
manera total la acusación presentada contra el procesado y en consecuencia
todos sus elementos de prueba, por ser útiles, relevantes y pertinentes y por
haber sido presentada conforme a los requerimientos de ley.
También, que se mantenga la
medida de coerción impuesta al acusado Aurelio Valdez Alcántara, a través de la
Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que se mantengan además todas las
medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Aurelio Valdez Alcántara al
momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca).
El expediente indica que entre
los procesos de investigación en los que el acusado participó se encuentra la
investigación iniciada a mediados del año 2024 contra el entramado de
corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro
Nacional de Salud (SeNaSa).
En el marco del proceso judicial
la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado
Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año. Después de concluido el
interrogatorio el ahora acusado le solicitó el número de teléfono al
investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación
WhatsApp.
Luego de una serie de acciones
intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al
investigado que podía ayudarlo y a estos fines le propuso de manera explícita
que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares
(US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un
reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz.
Posteriormente, acordaron la entrega de los
10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de
arresto.
Posteriormente, se procedió con
su sometimiento a la justicia y le fue impuesta el pasado mes de mayo prisión
preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR)
Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La prisión le fue ratificada el
pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el
próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público establece
en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las
disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y
los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16
de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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