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ATMÓSFERA DIGITAL, MANZANILLO, (18/10/2026).- El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció
este domingo que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha convertido en
un instrumento de respaldo a los intereses de las transnacionales Shell, Haina
Investment Company (HIC) y Energía de las Américas (ENERLA), al pretender
reducir los reclamos de Manzanillo y las demás comunidades del municipio
Pepillo Salcedo a la aceptación de ofrecimientos económicos irrisorios e
insuficientes, mientras el proceso conduce al desgaste, el cansancio y la
desarticulación de las reivindicaciones comunitarias frente al ecocidio
ambiental, productivo y social denunciado en el Parque Manglares Estero Balsa,
su playa y las comunidades del municipio Pepillo Salcedo.
CEBAMDER advirtió que
semejantes actuaciones amenazan con desnaturalizar el proceso de consulta y
convertirlo en un mecanismo de contención de las reclamaciones, en lugar de una
vía efectiva para esclarecer los daños, determinar las responsabilidades y garantizar
un resarcimiento integral, justo y proporcional a las afectaciones denunciadas.
Para la organización, ninguna negociación puede considerarse legítima si
pretende reducir la destrucción de ecosistemas, el deterioro de los medios de
vida y las pérdidas de las comunidades a un inventario de pequeñas ayudas
económicas.
Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER, calificó de «risible, indignante y de mal gusto» que las
empresas vinculadas al consorcio energético Manzanillo Gas & Power pretendan
responder por los daños denunciados en Playa Estero Balsa, el Parque Manglares
Estero Balsa y las actividades de los emprendedores ecoturísticos mediante la
entrega de dos botes, dos motores y aproximadamente US$900 para cada uno de los
21 miembros de una organización del sector.
"¿Cómo se pretende equiparar la
magnitud de los daños denunciados a un patrimonio natural y productivo de las
comunidades con la entrega de dos botes, dos motores y unos cuantos dólares?",
cuestionó Valenzuela.
A su juicio, semejante planteamiento evidencia una
profunda desproporción entre las afectaciones reclamadas y las respuestas
económicas puestas sobre la mesa. "El resarcimiento no puede convertirse en una
operación de reparto de dádivas para presentar como cumplidos unos compromisos
que no responden a la dimensión real del daño".
Empresas con consultores de alto
nivel y comunidades sin respaldo técnico independiente
Valenzuela denunció la desigualdad
del proceso: mientras las empresas disponen de consultores especializados y
presupuestos millonarios, las comunidades carecen de evaluaciones ambientales,
económicas y sociales independientes que determinen la magnitud de los daños y
el costo del resarcimiento territorial.
El dirigente ciudadano reveló que
las comunidades no disponen de especialistas ambientales y jurídicos
independientes que realicen evaluaciones de impacto y que, según su denuncia,
tienen que sujetarse al cabildeo de funcionarios del MICI para que las empresas
presenten presupuestos que no se corresponden con los daños provocados. Sostuvo
que, al final, el papel de esos funcionarios consiste en convencer a las
comunidades de que los presupuestos presentados representan los recursos
disponibles de las empresas y del propio BID Invest.
Cuestionó que los funcionarios del
MICI, según afirmó, promuevan la aceptación de presupuestos empresariales
desproporcionados, sin garantizar a los afectados un respaldo técnico y
jurídico equivalente para defender sus reclamaciones.
"Sin estudios independientes,
transparencia presupuestaria y una evaluación integral de los daños, no puede
hablarse de una negociación equilibrada. Es inadmisible que las comunidades
dependan de las estimaciones y los límites financieros de las mismas
instituciones y empresas cuestionadas", sostuvo Valenzuela.
Fondo de Inversión Social: de punto
de agenda a propuesta descartada
El presidente de CEBAMDER denunció
que uno de los funcionarios de BID Invest presentes en las reuniones expresó
que el banco no tenía compromiso con el denominado Fondo de Inversión Social,
incorporado como punto de la agenda cuando se iniciaron las negociaciones.
Según Valenzuela, ese mismo día,
durante la tarde en que se negociaba el caso del sector ecoturístico, el
responsable de la negociación del MICI manifestó personalmente que dicho fondo
no existiría y que lo que se pretendía ejecutar eran varias obras sociales.
Valenzuela calificó esta decisión
de unilateral y cuestionó la transparencia del proceso, al considerar
inaceptable que se modifiquen componentes esenciales de la agenda sin garantías
suficientes de participación comunitaria.
Para el dirigente, esto significa
que las negociaciones conducidas por el MICI no serían más que un conjunto de
reuniones orientadas a distribuir las dádivas económicas que el banco y el
consorcio tienen contempladas, con el propósito de afirmar que cumplieron sus
compromisos de resarcir a las comunidades del municipio.
"Si la negociación termina reducida
a distribuir dádivas y ejecutar obras aisladas, mientras siguen sin respuesta
la restauración ambiental, la recuperación productiva y el resarcimiento de las
comunidades, se habrá desvirtuado el propósito fundamental de la consulta",
advirtió.
US$50,000 anuales: ¿con qué
autoridad moral pretenden erigirse en guardianes del parque?
CEBAMDER cuestionó que empresas
vinculadas al proyecto energético, señaladas por las comunidades por los daños
denunciados en la bahía de Manzanillo y Playa Estero Balsa, pretendan
presentarse como «guardianes» del Parque Manglares Estero Balsa mediante una
contribución anual de US$50,000, equivalente a US$4,166.67 mensuales y
US$136.99 diarios.
Valenzuela contrapuso esa cifra al
financiamiento sindicado de US$902 millones articulado por BID Invest, con
US$777 millones movilizados y la participación de 13 instituciones financieras
internacionales, entre ellas Citibank, JPMorgan Chase, CAF, Bladex, Bancolombia
y Scotiabank. Según los cálculos consignados en la denuncia, los US$50,000
representan apenas el 0.0055 % de ese financiamiento.
El dirigente recordó que el
proyecto fue clasificado en la Categoría A por BID Invest y sostuvo que la
conservación del parque no puede convertirse en una operación de imagen
corporativa ni sustituir las obligaciones de restauración y resarcimiento que
correspondan.
"Las empresas no pueden pretender
pasar de ser señaladas por los daños denunciados a presentarse como salvadoras
del patrimonio natural afectado. La conservación no puede utilizarse como
escudo reputacional para desactivar reclamaciones legítimas", afirmó
Valenzuela.
El dirigente también llamó a la
solidaridad internacional frente a lo que calificó como la pretensión de
grandes corporaciones internacionales de erigirse en «guardianes» del Parque
Manglares Estero Balsa después de los graves daños ambientales denunciados en
la bahía de Manzanillo, mediante una contribución anual de US$50,000.
A juicio de Valenzuela, esa
cantidad resulta desproporcionada frente a la magnitud de los daños cuya
evaluación y resarcimiento reclama la comunidad, especialmente tratándose de un
parque asociado a un proyecto clasificado en la Categoría A por BID Invest.
La dignidad de Manzanillo no está
en negociación
Finalmente, CEBAMDER anunció la
articulación de una alianza local, nacional e internacional para defender el
patrimonio ambiental, productivo, social e histórico de Manzanillo, su playa y
el Parque Manglares Estero Balsa.
Valenzuela advirtió que la
organización no aceptará que las reclamaciones territoriales sean reducidas a
ayudas individuales, donaciones empresariales u obras aisladas, mientras
permanezcan pendientes la evaluación de los daños, la restauración del
ecosistema y la recuperación de las actividades productivas.
«La dignidad de Manzanillo no tiene
precio ni puede comprarse con dádivas. Defenderemos nuestra playa, nuestros
manglares y los medios de vida de nuestras comunidades por todas las vías
cívicas, institucionales y jurídicas legítimas, porque luchamos también por el
derecho de las próximas generaciones a heredar una bahía viva, un parque
protegido y comunidades con futuro», concluyó Valenzuela.
El Centro Bahía de Manzanillo para
el Desarrollo Regional (CEBAMDER) reiteró que la defensa de la bahía, la playa
y el parque constituye un compromiso con el patrimonio histórico y natural de
las próximas generaciones y con el respeto a la biodiversidad y los recursos
naturales del país.
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