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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (16/10/2026).- La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial
expresó su respaldo al anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las
Violencias contra las Mujeres en la República Dominicana, conocido como Ley
Mirabal, presentado y depositado ante el Congreso Nacional por el Gabinete de
Mujeres, Adolescentes y Niñas, que preside la ministra de la Mujer, Gloria
Reyes.
En ese contexto, el presidente de
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Henry
Molina, destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico para responder a
las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y consideró la
conveniencia de su aprobación.
La coordinadora de la Comisión para
la Igualdad de Género del Poder Judicial, jueza Nancy Salcedo Fernández,
manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género y los feminicidios
en el país, y destacó la necesidad de contar con un instrumento legal que
permita ofrecer respuestas más efectivas e integrales ante esta problemática.
Salcedo Fernández resaltó, además,
la importancia de que el proyecto contemple nuevas figuras delictivas, como la
violencia vicaria, que ocurre cuando un agresor utiliza a los hijos u otras
personas cercanas a la mujer para causarle daño y provocarle sufrimiento,
incluso mediante acciones como el rapto o el asesinato.
La magistrada señaló que la actualización
del marco legal constituye una oportunidad para fortalecer los mecanismos de
prevención, protección y respuesta institucional frente a las distintas formas
de violencia que afectan a las mujeres.
De su lado, la jueza Vanessa
Acosta, subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder
Judicial, destacó la necesidad de modernizar la legislación vigente sobre
violencia contra las mujeres y manifestó su disposición de acompañar al
Ministerio de la Mujer en el proceso de impulso y socialización de la
propuesta.
Acosta enfatizó la importancia de
aunar esfuerzos entre las instituciones del Estado para avanzar hacia una
respuesta coordinada, oportuna y efectiva, que contribuya a garantizar el
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Mientras que la jueza Miguelina
Ureña subrayó la importancia de establecer alianzas interinstitucionales que
permitan ampliar el conocimiento sobre el contenido y alcance de la iniciativa,
especialmente entre los actores del sistema de justicia y los profesionales
vinculados a la prevención y atención de las violencias.
En ese sentido, planteó la
realización de seminarios, talleres y jornadas de formación conjuntas entre la
Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela de
Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer, como parte de una estrategia
de capacitación y sensibilización en torno a la propuesta legislativa.
Una respuesta integral desde el
Estado
El respaldo de la Comisión para la
Igualdad de Género del Poder Judicial representa una oportunidad para
fortalecer la articulación entre las instituciones responsables de la
prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres.
La Ley Mirabal, impulsada por el
Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, busca fortalecer la respuesta
institucional frente a esta problemática y promover mecanismos que permitan
abordar sus distintas manifestaciones desde una perspectiva integral.
La iniciativa también abre un
espacio para profundizar la colaboración entre el sistema de justicia y las
instituciones responsables de las políticas públicas de igualdad, con énfasis
en la prevención, la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la
formación de los actores involucrados.
Con este respaldo, se reafirma la
importancia del trabajo conjunto entre los poderes del Estado para avanzar en
el fortalecimiento del marco jurídico y de las capacidades institucionales
necesarias para garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas una vida libre
de violencia.
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