ADECC solicita revisión del artículo 79 de Ley de Contrataciones Públicas y propone mantener manejo profesional en campañas estatales

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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (19/07/2025).- La Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) expresó su preocupación ante el artículo 79 del proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, el cual permitiría que instituciones del Estado contraten publicidad bajo procedimientos de excepción, sin requerir procesos competitivos ni participación de agencias profesionales.

La organización, que agrupa a las principales agencias de publicidad, medios y comunicación estratégica del país, advirtió que esta medida, combinada con el artículo 78, permitiría adjudicaciones directas a medios sin planificación técnica ni criterios estratégicos, lo que representa un riesgo para la transparencia, la eficiencia y la profesionalización de la comunicación pública.

“No cuestionamos la existencia de procesos de excepción en la ley. Lo que preocupa es que se elimine la obligatoriedad de trabajar con agencias profesionales, lo que abriría la puerta a decisiones discrecionales que podrían comprometer el uso eficiente del presupuesto estatal en publicidad”, señaló ADECC.

La organización propuso que, aun en casos de excepción, se mantenga la participación de agencias especializadas en el diseño, planificación y ejecución de las campañas, asegurando así la calidad, la eficiencia y la rendición de cuentas.

“Nuestro llamado es técnico y propositivo. Queremos evitar un retroceso y proteger los avances que hemos logrado como industria formal. Este no es un debate político, es un asunto de institucionalidad y buenas prácticas”, agregó.

ADECC informó que ha remitido comunicaciones formales, solicitando que este aspecto del proyecto de ley sea revisado y ajustado, a fin de que la contratación de servicios publicitarios, incluso en situaciones excepcionales, preserve el rol técnico y estratégico de las agencias.

La asociación reiteró su disposición a colaborar con el Congreso Nacional en la construcción de una normativa moderna y equilibrada, que garantice transparencia y eficiencia en el gasto público, al tiempo que fortalezca la industria nacional de comunicación.