Autoridad Portuaria Dominicana capacita colaboradores en contrataciones públicas ante nueva ley 47-25

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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (07/09/2025).- Con miras a fortalecer la transparencia y la eficiencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) inició esta semana un taller formativo especializado sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y la nueva ley 47-25.

El taller, que se desarrolla en modalidad semipresencial, forma parte del programa de capacitación obligatorio que establece la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para aquellas personas que fungen como peritos evaluadores en procesos de adquisición de bienes, servicios y obras del Estado.

Jazmín Cabrera, directora de Recursos Humanos de APORDOM destacó la importancia de que todos los colaboradores aprovechen y concluyan el curso, ya que esta capacitación está diseñada para fortalecer su conocimiento y contribuir al buen funcionamiento de la  institución, tal como ha sido la visión y compromiso de director ejecutivo, Jean Luis Rodríguez, quien se ha preocupado siempre por estar a la par de todos los procesos que tengan incidencia a nivel de rendimiento, logro de objetivos y transparencia institucional".

Durante la apertura, Katherine Johanna Figuereo, directora del área de Investigación y Reclamos de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y parte del grupo académico del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), destacó la relevancia de esta materia y el creciente interés público sobre el tema expresando que “abrimos las redes sociales o leemos los periódicos y lo que encontramos son temas relacionados con contrataciones públicas.

Este es un tema que ya está en el debate ciudadano, y eso demuestra su importancia”, expresó.

Figuereo explicó que los peritos, aunque especialistas en áreas técnicas, deben tener conocimientos básicos de los procedimientos de compras y contrataciones, ya que sus recomendaciones influyen directamente en la gestión adecuada de los recursos públicos. “Ustedes son una pieza clave en la toma de decisiones que afectan el uso de los fondos del Estado. Evaluar sin cuidado o desconocer el procedimiento puede implicar incluso responsabilidad patrimonial”, advirtió.

Entre los temas que abarca el curso se encuentran la introducción al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas; normativas vigentes de la ley 340-06 y su reglamento 416-23 así como también la transición hacia la nueva Ley 47-25, que entrará en vigor en enero de 2026; los procedimientos ordinarios y de excepción, redacción de informes, análisis técnico y criterios objetivos de evaluación, prácticas corruptas y medidas preventivas, entre otros temas.

Los participantes, provenientes de áreas como ingeniería, jurídica, tecnología, planificación, recursos humanos y servicios generales, expresaron sus expectativas sobre el aprendizaje que esperan obtener, coincidiendo en la necesidad de manejar los aspectos técnicos, legales y procedimentales de la contratación pública para desempeñar su rol con mayor rigor, confianza y transparencia.

Normativas de la ley 47-25

El curso también incorpora elementos prácticos y normativos de la recién aprobada Ley 47-25, que sustituirá progresivamente la actual Ley 340-06. La nueva legislación redefine aspectos clave del proceso de contratación, incluyendo la nomenclatura y clasificación de los procedimientos, así como la responsabilidad individual de cada actor involucrado.

“La contratación pública es más que ejecutar un proceso, es tomar decisiones que afectan directamente al interés general y a la calidad del gasto público”, señaló Figuereo.

La capacitación cuenta con el acompañamiento de Juana Morena, coordinadora de capacitación y también miembro del equipo académico del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), quien reiteró el compromiso institucional de seguir impulsando la formación continua en temas clave para la función pública.

Este tipo de formación busca consolidar una cultura institucional basada en la ética, la legalidad y la eficiencia, en cumplimiento con las políticas de profesionalización impulsadas desde la DGCP.