SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La periodista Nuria Piera reveló en su programa la
identidad de funcionarios del gobierno que son al mismo tiempo
proveedores de bienes y servicios del Estado en franca violación a la
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Esta Ley establece impedimentos a funcionarios de los
poderes Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para ser suplidores de
bienes y servicios del Estado, incluso seis meses después de haber
cesado en sus funciones, con la finalidad de evitar que usen su
influencia en beneficio de sus empresas.
Nuria Piera se quejo de que sobre el tema el director de la
Dirección General de Contrataciones Públicas, Erick Hazim, nunca le
concedio una entrevista a pesar de que su eslogan es “Transparencia para
el Progreso
Los funcionarios publicos identicados por Nuria Piera como suplidores del Estado fueron los siguientes:
Licenciada Maritza López de Ortiz:
Es la administradora general del Instituto Nacional de
Auxilios y Viviendas (Inavi), con rango de secretaria de Estado y
presidenta del Partido de Acción Liberal (PAL). En el año 2004 fungió
como directora general de Pasaportes durante cuatro años.
Mientras desempeñaba sus funciones en el
gobierno también ejercia su labor de empresaria. En esa condición de
propietaria junto a su esposo e hijos de la compañía Electromédica,
S.A., ubicada en la Ortega y Gasset No.42, en el ensanche Naco, son
proveedores del Estado, y están registrados con el código 2362 en el
renglón de Productos Médicos, Farmacia y Laboratorio en el listado de
proveedores la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Le venden equipos médicos al Ministerio de Salud Pública. En
un reporte de pagos efectuados por el Ministerio de Salud del 1 de enero
al 20 de mayo del año pasado (del cual tiene copia Nuria y mostró en su
programa de televisión), se puede ver que Electromédica S.A. recibió un
pago por la suma de RD$ 16,966,279.46. Y en otro, de cuentas por pagar,
el Ministerio le debe desde marzo del año pasado la suma de RD$
6,868,969.00.
En una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de
Santo Domingo consta que dicha empresa tiene como actividad comercial
principal la prestación de servicios comerciales a instituciones y
personas públicas y privadas en el campo de la ingeniería de equipos
médicos y de comunicación en general, y fue constituida el 6 de enero de
1978 y sus accionistas en ese entonces eran: Héctor Bienvenido Ortíz
Caminero, su esposo; Prudencio Vidal López Sánchez, su padre; Nicolaza
Castaños de López, su madre; Maritza Altagracia López de Ortíz,
directora del INAVI entre otras personas.
Pero según esta misma certificación de la Cámara de Comercio,
en una Asamblea General Ordinaria que realizaron en fecha 25 de octubre
del 2011, ahora figuran como accionistas: Hector Bienvenido Ortiz
Caminero, su esposo; Francisco Ortiz López, su hijo; Michelle Ortiz
López, su hija entre otros.
Maritza López ya no está en el listado de accionistas, pero
como quiera está violentando el artículo 14 de la Ley de Contrataciones
Públicas en su numeral 5, que reza:
“Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por
afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios
relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como
los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado
hijos y descendientes de estas personas, no pueden ser proveedores del
Estado”.
“Una de las practicas generalizadas en nuestro pais es que
funcionarios públicos y servidores tienen empresas que sirven de
suplidoras al Estado Dominicano, obviamente aqui estamos ante un serio y
profundo conflicto de interes por un lado y es una forma de violentar
las leyes y las disposiciones que tanto a nivel nacional como
internacional establecen mecanismos para evitar que se aproveche la
participacion en el Estado para obtener beneficios de manera
particular”, dijo Nuria.
Gerardo Gonell Santana:
Desde el 2008 es supervisor de la Región Norcentral del
Inespre con un sueldo de RD$ 30, 000.00 pesos, según la nómina de la
institución. Es Regidor del Ayuntamiento del Distrito Municipal de
Jacagua, Santiago, devengando un salario mensual de RD$ 34, 000.00 desde
el año 2009.
Sin embargo, también es el director Administrativo y
Financiero del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa) desde
agosto del 2011, ganando RD$ 50, 000.00 mensuales.
“Y por si fuera poco, le vende pan y bizcochos al Ministerio de Educación para el desayuno escolar de toda la Región del Cibao”.
Según un informe del Ministerio de Educación, uno de los
pagos que recibió Panificadora Gonell o Gerardo Gonell Santana en el
2011 fue de RD$ 687,063.02 mediante cheque No.34182.
En la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas aparece su negocio registrado bajo el nombre de Empresas Gonell
SRL, ubicado en la avenida Circunvalación No.4, en Santiago, pero en
esa dirección no está ubicada esta empresa y el número de teléfono que
tiene registrado es el de su casa, ubicada en la Capital. Mientras que
en la Cámara de Comercio no figura ningún registro de negocio con este
nombre.
La Ley de Compras y Contrataciones (340-06) establece de
forma clara, en su artículo 14, quiénes no pueden ser proveedores del
Estado, y ahí indica que ningún funcionario público, servidor de oficina
centralizada o descentralizada del Estado, ninguna autoridad de los
ayuntamientos, ningún funcionario de dirección del Estado puede vender o
recibir bienes o servicios al Estado.
Contralmirante Luis Rafael Lee Ballester:
Es General de la Marina de Guerra y actual director del
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y a su vez propietario del
Restaurant D’ Luis Parrillada, ubicado en la avenida George Washington y
es suplidor del Estado en el renglón de alimentos y bebidas con
el código 11861.
Thania Mercedes Baez Dorrejo:
Es regidora por el PLD de la Circunscripción no. 1 del
Distrito Nacional y subdirectora del INVI. Aún cuando no está en el
listado ni en la nómina de la institución, luego de una denuncia hecha
por nosotros (Nuria, investigación periodística) por violar la Ley del
Servidor Público que prohíbe que un funcionario reciba dos sueldos del
Estado, Báez Dorrejo aparece en el listado de proveedores del Estado en
el renglón de Audiovisuales con el código 9947, ubicada en la Gustavo
Mejía Ricart esquina Lope de Vega, donde funciona otra empresa desde
hace muchos años y no la conocen, y es la dirección que está en la lista
actualizado de los proveedores del Estado.
Wandel Cuevas Peña:
Es Viceministro del Ministerio de la Juventud, dirige el
Programa Barrio Joven y, según una certificación de la Cámara de
Comercio y Producción, es propietario de la empresa IES Blear, cuya
actividad comercial consiste en la comercialización y distribución -al
por mayor- de productos farmacéuticos, utensilios y equipos
electrónicos. Está ubicada en el barrio Duarte de Las Palmas de Herrera.
Según la certificación se constituyó en el 2007, y su registro mercantil estuvo vigente hasta septiembre del 2011.
Es proveedor del Estado con el código 6858 y suple
medicamentos al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, y al
Ministerio de Salud Pública.
La violación a la Ley 340-06 contempla sanciones muy
concretas que van referidas a la suspensión de estos funcionarios
públicos, al no pago de sus salarios por un periodo determinado o puede
ser la suspensión definitiva
Comunidad Digna ¿contra la pobreza o a favor de la familia de su directora?
En la parte final de esta investigación, Nuria revela
que Juana Sánchez dirige la Dirección General de Comunidad Digna desde
el año 2004. Esta dirección tiene como misión promover el desarrollo
integral de las personas, grupos y comunidades que viven en situación de
pobreza e indigencia.
“Pero parece ser que los que verdaderamente se benefician de
comunidad digna son los familiares de la directora ya que la mayoría de
ellos son los suplidores de la Institución”, dijo la reputada
periodista, para de inmediato empezar a citar los ejemplos en los que
sustenta su señalamiento:
Rosalba Elizabeth Morera Sánchez (hija)
Es hija de la directora de Comunidad Digna, y según una
certificación de Impuestos Internos es accionista de la
compañía Detalles G&R CxA. Junto a su esposo Ricardo Aybar Féliz y
Glenys de la Cruz, son proveedores del Estado bajo el código 3143, y
suplen a Comunidad Digna de canastas navideñas y canastillas de bebe.
“Llamamos al teléfono que tienen registrado en el listado de
proveedores del Estado y allí contestan normal como si fuera de una casa
de familia, pero cuando preguntamos dicen que es la Farmacia Ideal y
que también funciona detalles GyR, de la que la dependiente no supo dar
detalles”.
Ricardo Rafael Aybar Féliz (yerno)
Es el yerno de Juana Sánchez, esposo de su hija Rosalba, y
tiene la empresa Ram Mega Soluciones. Junto al subdirector
Administrativo de Comunidad Digna, el licenciado José Ant. Lara Mejía,
le suplen a la institución equipos de computación.
Estos dos últimos, además de violar la Ley de Compras y
Contrataciones Públicas también violan la Ley 41-08 de Función Pública,
porque, además de familiares de la directora de Comunidad Digna y
proveedores del Estado, son empleados públicos.
Rosalba es Ministra Consejera en Panamá nombrada el año
pasado mediante el decreto 345-11, pero actualmente trabaja en Funglode
en el Departamento de Eventos, como coordinadora de la Copa Funglode; y
su esposo Ricardo es empleado de la CDEEE, como miembro del consejo
directivo de la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana con un
salario de RD$130,000.00.
Ramón Leonel Pérez Martínez y Ramón Leonel Pérez Sánchez (ex esposo e hijo, respectivamente)
Son los propietarios de Impresora Perez, la cual tiene como
actividad económica las artes gráficas, producción industrial, servicios
generales, y todo tipo de impresión. Éstos también son proveedores del
Estado con el código 1627, y, por supuesto, suplidores de Comunidad
Digna.
“La ley va mas allá porque establece que familiares de
funcionarios públicos no pueden ser oferentes del Estado Dominicano a
través de empresas que tienen como propiedad o a través de una modalidad
que lamentablemente se ha estado usando mucho en el país y es que a
través de funcionarios públicos tienen testaferros a nombre de los
cuales crean algún tipo de empresa para que por esa vía estén dando
servicios y ofertando bienes o contrataciones al Estado Dominicano”.
Otros casos de violación a la Ley 340-06
Juan Bautista Lizardo Mezquita:
Es hermano del Contralor General de la República, el
licenciado Simón Lizardo Mezquita, y presidente de la empresa J. Lizardo
y Asoc., es proveedor del Estado en el rubro de Construcción y
Edificaciones con el código 15352.
Elías Narcizo Eduardo Wessin Betances:
Es hermano del Administrador de Bienes Nacionales y suplidor
del Estado en el área de construcción y edificaciones con el código
10415.
“Yo creo que este tipo de practica no pueden permitirse en
nuestro país y que la Dirección de Compras y Contrataciones tiene la
responsabilidad de investigar a profundidad estos casos y de someter y
establecer las sanciones de lugar a aquellos funcionarios públicos que
están incurriendo en este tipo de práctica”, opinó la periodista Nuria
Piera
En otra entrega de su reconocido espacio televisivo, Nuria
Piera , siguió tratando el tema presentando más casos de funcionarios
del Estado que al mismo tiempo operan como suplidores del Gobierno, en
violación a la ley.
Presentó el caso de Rudy Ariel Moreta Méndez, encargado de
servicios personales de la Contraloría General de la República desde el
2004, con un salario de 90 mil pesos mensuales, quien al mismo tiempo es
proveedor del Estado mediante la empresa Construcciones Generales Hicar
C.por A (CONGEHICA), registrada en la Dirección General de Compras y
Contrataciones con el código 9145 en el renglón de construcción y
edificación.
La empresa esta ubicada en la calle Martín Puchi esquina San Juan Bosco, en el sector Don Bosco de esta capital.
“Pudimos apreciar que se vende de todo, desde
electrodomésticos, seguros de vehículos, correas, escobas, detergentes,
sombrillas, lentes, tintes, en fin de todo, pero nada que ver con
construcciones y edificaciones”, explicó Nuria Piera.
Indicó que el funcionario hace negocios con otra empresa de
su propiedad, Hicar Comercial SRL, a pesar de que CONGEHICA es la que
está registrada en la dirección general de compras y contrataciones
públicas.
El programa Nuria-Investigación periodística solicitó a la
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo el estatus de ambas
compañías y estableció que, según las certificaciones, Construcciones
Generales Hicar esta registrada desde el 2008 y estuvo vigente hasta el
2010 y su actividad comercial es reconstrucción, mantenimiento y
reparación de obras de infraestructura. Figura como una de sus socios la
señora Cruz María Mercedes Rosa Sánchez, esposa de Rudy Moreta Méndez.
Maritza López, administradora del Instituto Nacional de la
Vivienda (INAVI), dueña del pequeño partido Acción Liberal, aliada del
candidato del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
Danilo Medina
Mientras que Hicar Comercial tiene fecha de constitución en
el año 2006 y tiene como actividad comercial la venta de material
gastable y equipos de oficina en general, y está autorizada a importar,
exportar, distribuir y vender todo tipo de bebidas nacionales e
internacionales. Figura como socio principal el señor Rudy Ariel Moreta
Mendez, funcionario de la Contraloría.
De esta manera el funcionario Moreta Méndez viola la ley 340-06 sobre compras y contrataciones con ambas compañía.
En Congehica está como socia su esposa, y la ley dice muy
claramente en su artículo 14 numeral 5 que los parientes por
consanguinidad hasta tercer grado o por afinidad hasta segundo grado,
así como los cónyuges o las parejas en unión libre no pueden ser
proveedores del Estado. Asimismo, en la compañía Hicar Comercial SRL, el
propio Moreta Méndez es el socio principal.
Además viola la ley 41-08 sobre la función publica que
establece en su artículo 80, que prohíbe a los funcionarios intervenir
directa o indirectamente en la suscripción de contratos con el Estado.
Como proveedor del Estado, este funcionario de la Contraloría
General de la República suple a las siguientes instituciones públicas:
-Instituto Agrario Dominicano
-Ayuntamiento Santo Domingo Este (material gastable)
-Ministerio de Industria y Comercio
-Tesorería Nacional
-Ministerio de Agricultura (material de limpieza y material gastable)
-Ministerio de Planificación y Desarrollo
-Sifeg (sistema integrado de gestión financiera del
Ministerio de Hacienda). A esta entidad le vendió septiembre de 2011
bebidas, por un monto de 46,805 pesos.
“Otra institución publica que también viola ley 340-06 es el
Ministerio de Salud Publica, por tener como uno de sus proveedores la
compañía Fiestalqui, S.A. propiedad de la hermana y las sobrinas del
Ministro de Salud, Dr. Bautista Rojas”, indicó Nuria Piera.
Recordó que en otro programa, el 27 de marzo 2010, trató el
caso de la empresa Metaseguro, también vinculada a parientes cercanos
del ministro.
En el caso de Fiestalqui, la cual es proveedora del Estado
con el código 3957 en el renglón de protocolo, está registrada en la
Cámara de Comercio de Santo Domingo desde el 2007, y tiene como
actividad comercial la organización de eventos sociales, buffets,
regalos, decoraciones y alquiler de mobiliarios. Sus socios son: Carmen
Rojas de Miñoso, hermana del ministro, así como todos sus hijos que son
los sobrinos del Dr. Bautista Rojas Gómez.
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