SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Francisco Domínguez Brito,
procurador general de la República, dijo que la nueva política de seguridad que
implementará el gobierno se concentra en
la prevención, efectividad de la persecución penal, reforma policial y
fortalecimiento del nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Domínguez Brito sostuvo que en los próximos días el presidente
Danilo Medina dará a conocer los planes en torno a la seguridad ciudadana y en
materia criminal, para garantizar la convivencia y paz social dirigidos a
construir un mejor país.
Destacó que es mejor prevenir que lamentarse, por lo que el
gobierno trabaja en la rearticulación del sistema preventivo con presencia de
las instituciones de seguridad en los escenarios de violencia, acceso rápido
del ciudadano para denunciar el hecho y obtener respuestas efectivas.
El funcionario judicial habló ante representantes de empresas
estadounidenses que operan en la República Dominicana, con quienes encabezó un
encuentro en un hotel de esta capital.
Agregó que dentro de la prevención se ubica el programa “Vivir
Tranquilo”, que contempla trabajo social y educativo y que sustituiría a Barrio Seguro, que, según dijo, debe ser
rediseñado con nuevos métodos de operatividad.
También incluyó las jornadas extendidas de educación, las que
deben iniciar en los barrios con mayor índice de violencia, y el establecimiento
de estancias infantiles mixtas, para que los hijos de los trabajadores
informales, chiriperos y vendedores ambulantes, puedan tener acceso a esos
espacios.
De igual forma, el control del porte y tenencia de armas de
fuego, tras considerar que solo la
Policía, Fuerzas Armadas y demás organismos de seguridad del Estado sean los
únicos en poseerlas, pero solo en el ejercicio de sus funciones.
“El 30% de los homicidios que se registran en el país son por
conflicto familiar, pasional y consumo de alcohol, mientras el 11% es para
despojar a la víctima de un arma de fuego”, explicó.
Otro tema que citó dentro de la prevención es la violencia de
género y recordó que en 2012 se recibieron 66,000 denuncias de ese tipo. “Esto obliga al Ministerio Público a ser más
fuerte, intensificando las medidas de coerción, porque un mínimo de debilidad
conduce a un hecho lamentable, que puede llegar al asesinato”, puntualizó.
Dijo, además, que "se debe fortalecer la profesionalidad de quienes intervienen en
la investigación, mejorando el sistema de justicia con énfasis en el
otorgamiento de medidas de coerción, fianzas y otras órdenes legales que se
aplican a los imputados por delitos de narcotráfico, robo, atraco, sicariato y
otros hechos que generan un estado de inseguridad al ciudadano".
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