SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los reportajes publicados esta semana por el diario newyorkino Wall Street Journal sobre el pago de comisiones en la compra dominicana de los famosos ocho aviones tucanos adquiridos en Brasil en el 2008, constituyen una nueva vergüenza nacional que de ninguna forma puede ser pasada por alto, por más que en este país hayamos perdido la capacidad de asombro.
No es que el periódico esté descubriendo el hilo en bollito, pues hace
tiempo que se sabe que autoridades norteamericanas y brasileñas están
investigando lo que aquí fue un secreto a voces desde que se anunció la compra
y especialmente cuando fue aprobada por el Senado de la República, ocasión en
que el rumor del soborno alcanzó dimensiones de río desbordado en tiempo de
huracán.
Lo que ocasiona real vergüenza es la indiferencia con que las autoridades
nacionales, de todos los estamentos, y el Congreso Nacional, han tomado la
denuncia, y la complicidad o resignación con que se acepta en amplios espectros
de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de las instituciones
sociales, donde aparentemente crece la convicción de que el destino nacional es
la corrupción.
Desde el principio hubo debate sobre la procedencia de la compra.
Evidentemente porque no era una prioridad nacional invertir casi un centenar de
millones de dólares en ocho aviones que en última instancia no íbamos a poder
mantener en el aire las 24 horas del día para impedir que el país siguiera
siendo puente del narcotráfico.
En última instancia porque el costo de la lucha
contra el narcotráfico no se le debe cargar a un país pobre, sino a los ricos,
responsables de la demanda que fomenta el primer o segundo más grande negocio
de la historia humana.
El tufo de la corrupción se olfateó desde que no hubo una licitación
transparente y se optó por aviones poco eficientes para la prevención del uso
ilegítimo del territorio nacional y cuando abundaron las informaciones de que
Chile y Colombia habían adquirido naves similares a mucho menor costo.
Ahora el Wall Street Journal informa que en Brasil hay ocho funcionarios
de la empresa vendedora imputados del delito de corrupción, que eso es el pago
de comisiones. Relevante por involucrar a una empresa que cotiza en bolsas de
valores internacionales, donde algunas normas son fundamentales.
Para colmo de la vergüenza, se identifica por su nombre a un oficial
militar al que se habría pagado una comisión de 3.5 millones de dólares, sin
hacerse lo mismo con un senador, que según los informes en manos de los
investigadores, habría repartido entre sus colegas una parte de esa comisión.
Pero aquí, ya el mismo día de la publicación del diario de Nueva York una
fundación radicaba una demanda judicial, precisando los montos de otras
comisiones derivadas del mismo negocio.
En justicia no hay suficiente fundamento para dar por procedente la
demanda radicada por la Fundación Primero Justicia, que eleva el pago de
comisiones a 13 millones de dólares e involucra hasta al entonces presidente de
la nación. No se puede descartar que se busque aprovechar la circunstancia para
pasar una factura al expresidente Leonel Fernández.
Pero los hechos obligan a una investigación judicial propia, de la nación
dominicana, sin depender de lo que soliciten las autoridades brasileñas.
Investigación que no debe dejar piedra sobre piedra hasta esclarecer esta
vergonzosa denuncia internacional.
Los más interesados en esa investigación deberían ser los involucrados,
comenzando por el Senado de la República, a quien corresponde el primer paso.
Pero es probable que ellos no lo crean necesario y mucho menos procedente.
Cuentan con la indiferencia generalizada, y con el olvido.
Pensarán que otros escándalos de corrupción con sumas muchas veces
mayores han quedado en la impunidad y el olvido. Por suerte en este caso la
sanción final no dependerá de las deterioradas instancias judiciales
nacionales.
Fuente: Hoy
Fuente: Hoy
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