Por Robinson Castro.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Dominicano
por la Solidaridad Internacional con Haití manifestó este miércoles que el
decreto 327-13, el cual instituye el Plan Nacional de Regularización,
compromete el estado de derecho y atenta contra el principio de separación de
poderes consagrado en la Constitución.
“Este decreto ha generado un previsible efecto llamada al
atraer una población migrante que pretende acogerse a dicho plan sin llenar los
requisitos previstos, y ha menoscabado el derecho soberano del Estado a regular
el flujo migratorio en función de las necesidades de la sociedad y del
indispensable equilibrio entre las poblaciones locales y los inmigrantes”,
explica la entidad en un comunicado de prensa.
Considera que esa situación es inédita en el mundo
civilizado, “ha sometido nuestra frontera a una presión insostenible
manifestada en la producción de innumerables incidentes transfronterizos”.
La organización agrega que República Dominicana enfrenta en
la actualidad uno de los momentos más delicados en su historia, porque el
problema migratorio a sometido el país a grandes desafíos, comprometiendo los
escasos recursos y afectando, principalmente, a los dominicanos más pobres.
Informó que los más
empobrecidos del país son perjudicados por el impacto negativo de la migración
ilegal en la demanda de los servicios de salud, educación, vivienda,
desplazamiento de la mano de obra local, los escasos recursos naturales,
quienes engrosan los cinturones de miseria en las ciudades, lo que genera cada
vez más inequidad y aumenta la delincuencia.
Sostuvo que en los últimos meses esa migración ha sido
masiva, desplazando la identidad dominicana en muchas comunidades.
“No se pueden prohibir las deportaciones. Ellas son el único
mecanismo coactivo que prevé el derecho migratorio contra extranjeros que
ingresan o permanecen de forma ilegal”, apuntó.
Los integrantes de Comité Dominicano por la Solidaridad
Internacional con Haití ofrecieron esas declaraciones durante una rueda de
prensa en un hotel del Distrito Nacional.
Estuvieron presentes el dirigente político reformista Eddy
Alcántara; Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y
Transparencia; Manuel Bergés, rector de la Universidad INCE; Manuel Bergés y
Carmen Herrera, presidente de ANAI.
Además, el abogado
Juan Miguel Castillo Pantaleón, el presidente del Comité Dominicano SIH,
Armando Armenteros; la catedrática y directiva del movimiento Intelectuales,
Pura Emeterio Rondón; el abogado Ramón
Andrés Blanco Fernández, el médico Mauricio Espinosa y el presidente del
Sindicado Nacional de Trabajadores de la Construcción, Luis Medina.
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