SANTO DOMINGO, República Dominicana, (EFE).- El juez de
Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Suzaña, impuso un año de
prisión preventiva en contra del presidente de la Unión Nacional de
Transportistas y Afines (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo, a quien la Fiscalía
implica en una red de sicariato a la que se le atribuye el asesinato de varios
transportistas y lavado de activos.
Por el caso también el magistrado dictó igual medida de
coerción en contra de Danilo Octavio Reynoso Recio (a) Danilo El Prieto, quien
al igual que Quevedo fue enviado a la cárcel del nuevo modelo penitenciario de
Higüey.
La petición de medida de coerción fue solicitada por la
fiscal Yeni Berenice Reynoso, quien acudió al tribunal a sustentar su
planteamiento y quien, a su salida, calificó como pertinente la decisión por la
gravedad del proceso.
El magistrado también acogió la petición y aplicó al
expediente las normas complejas establecidas en el Código Procesal Penal, que
consiste en extender el plazo de las investigaciones.
“Quevedo planificó varias ejecuciones que materializaba a
través del regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís (alias Ney),
contra quien se impuso medida de coerción”, explicó la Fiscalía.
A su vez, la Fiscalía explica que Quevedo “era el cerebro y
financiaba esa red, en el entendido de que se beneficiaba de las muertes,
mientras que Ericson de los Santos era el encargado de supervisar el comando a
cargo de ejecutar las acciones, cometer los asesinatos, intentos de secuestro,
entre otras conductas típicas del crimen organizado”.
Las ejecuciones consistían en el asesinato de varios chóferes
y dirigentes de Fenatrapego, lo que llevó a Ericson de los Santos a planear,
con los sicarios asalariados de Unatrafin, los sargentos de la policía Amaury
Cabrera (contra quien se impuso medida de coerción), Félix Lora de Jesús
(prófugo) y Danilo Octavio Reynoso, los asesinatos de los transportistas
afiliados a Fenatrapego Y Fenatrano, “y así, a punta de bala y sangre poner fin
a los conflictos que se venían sucediendo”.
Quevedo encargó al comando armado asesinar a los chóferes,
miembros de Fenatrapego, que en fecha 14 de enero del presente año, se
encontraban en la intersección de la Duarte con Paris (Distrito Nacional).
En este “hecho sangriento” asesinaron a Mateo Nieves de
Jesús, e hirieron a Ramón Antonio Peña Beltré y Manuel Emilio Romero.
La acción criminal detallada fue ejecutada por Erinson de los
Santos, Amaury Cabrera y Félix Lora (prófugo), por encargo de Arsenio Quevedo.
Posteriormente, Quevedo ordenó la ejecución de un nuevo plan
de asesinato que fue materializado el 17 de enero del mismo año, en la calle
Juana Saltitopa, Mejoramiento Social (Distrito Nacional), lugar donde está
situada la parada de guagua El Toro.
“Nuevamente el comando armado, dirigido por Erinson de los
Santos, asesinó a las víctimas Overnys Guerrero y Ángel Javier”, detalla la
información suministrada por la fiscalía.
En este hecho participó Danilo Octavio Reynoso, imputado en
la presente solicitud, Amaury Cabrera y Félix Lora de Jesús.
En ambos hechos el imputado Arsenio Quevedo mantuvo
comunicación vía telefónica con Ericson de los Santos, quien le informaba
cuando habían sido ejecutados las órdenes.
En el allanamiento realizado a Unatrafin se encontró un
documento de nómina, donde figuran incluidos “los sicarios asalariados Amaurys
Cabrera y Danilo Reynoso Recio”.
Además, producto de las investigaciones del Ministerio
Público, se determinó que el imputado Arsenio Quevedo estaba asumiendo parte
del pago de los abogados del imputado Ericson de los Santos.
El Ministerio Público calificó los hechos en contra de
Arsenio Quevedo y Danilo Octavio Reynoso Recio, dentro de los tipos penales
descritos en varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la
asociación de malhechores y coautoría de asesinato.
Además y con relación a Arsenio Quevedo violó la ley que
tipifica el lavado de activos procedente del tráfico de combustible y la
extorsión.
Por otro lado, se determinó que Quevedo recibía del Estado un
subsidio de 520,000 galones de combustibles al mes, los cuales utilizaba “para
estafar al Estado y lavar activos provenientes de esta actividad”.
De conformidad con la investigación, “más del 68 por ciento
de este combustible no llegaba a los conductores, sino que era vendido por el
imputado a través de una red de tráfico de combustible de la que es parte el
imputado Ericson de los Santos “, según revela la instancia.
La solicitud de medida de coerción es realizada por la
procuradora fiscal titular, Yeni Berenice Reynoso, y los fiscales Isidro
Vásquez y Johann Newton López.
Se espera que en las próximas horas la Oficina de Atención
Permanente conozca la medida en contra de los imputados. EFE
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