ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El miembro titular de la
Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, pidió al Senado de la República
que lo excluya de cualquier propuesta que tenga por objeto su elección
nuevamente como miembro del órgano para el período 2016-2020.
En una carta enviada al presidente del Senado, Reinaldo Pared
Pérez, dijo: “Tengo a bien comunicarle mi decisión irrevocable de no optar por
continuar formando parte de la Junta Central Electoral”.
Eddy Olivares dirige carta a Reynaldo Pared Pérez
Ante el hecho de que el pasado 16 de agosto concluyó el
período constitucional, excepcionalmente de seis años, para el que fui elegido
en el año 2010 como Miembro Titular, tengo a bien comunicarle mi decisión
irrevocable de no optar por continuar formando parte de la Junta Central
Electoral.
La presente misiva, como se podrá apreciar en lo sucesivo,
contiene una serie de reflexiones relacionadas con el funcionamiento de este
órgano supremo electoral, del cual me marcho tal y como llegué hace 10 años:
defendiendo las causas que creo justas.
En ese sentido, con la convicción de que los funcionarios
públicos tienen como su principal misión la de servirle, por igual, a todos los
hombre y las mujeres que conforman la nación, procuré que nuestra institución
respetara los derechos de todas las personas, en especial las más débiles, como
aporte a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Sin embargo, el innegable déficit de institucionalidad que
afecta la calidad de nuestra democracia, constituye un valladar para la
armonización del funcionamiento de las instituciones públicas con el Estado de
Derecho.
En ese contexto es que instituciones como la nuestra,
abusando de su autonomía e independencia administrativa, toman decisiones
arbitrarias que, muchas veces, llegan al extremo de cambiar, en sentido
negativo, el curso normal de las vidas de muchas personas y de poner en
dificultad al Estado.
La distorsión del servicio público es otra consecuencia de la
falta de institucionalidad en la administración, la cual se expresa en el
abandono las funciones esenciales, por parte de algunas instituciones, para
convertirse en agencias recaudadoras voraces
que imponen administrativamente tarifas, indiscriminadas, que
los usuarios pobres no pueden pagar.
Consciente de lo antes expresado, cada vez que nuestra
institución se desvió del curso institucional y tomó el camino de la dictadura
administrativa, levanté mi voz para reclamar el retorno a la institucionalidad.
La degradación de la institucionalidad política es también
alarmante, como lo demuestra el hecho de que seis años después de la
proclamación de la Reforma Constitucional del 2010 y habiéndose celebrado dos
certámenes electorales, por conveniencia coyuntural de quienes tienen el
control pleno del Poder Legislativo, no se ha modificado la Ley Orgánica
Electoral para concordarla con la Constitución Política.
Debería mover a preocupación, igualmente, el hecho de que
desde el 26 de enero del 2010, consciente e interesadamente, no se le ha dado
cumplimiento el párrafo IV del Art. 12 de la Carta Sustantiva que establece
que: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se
realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo
de la campaña y transparencia en la utilización del financiamiento”.
El citado aporte de la Reforma Constitucional del 2010, en lo
referente al aspecto electoral se ha quedado en letras muertas, como lo
demuestra el hecho de que tanto en las elecciones del 2012 como en las del
2016, las campañas electorales fueron excesivamente inequitativas, debido a la
indiferencia del órgano electoral ante al uso abusivo de los bienes públicos.
Tanto nuestra institución, con su facultad constitucional de
reglamentación, como el Poder Legislativo, con su obligación de armonizar las
leyes orgánicas con la Constitución, han incumplido el mandato de garantizar la
integridad de las elecciones. Como si se tratara de un concierto,
Inexplicablemente, mientras el Poder Legislativo ha mantenido engavetado el
proyecto de reforma de la Ley Electoral, la JCE se ha cruzado de brazos en cada
proceso, bajo el injustificado argumento de que sin la referida reforma le
resulta imposible garantizar la equidad en las elecciones.
Tal y como se pudo comprobar en el pasado proceso electoral,
nuestros partidos políticos requieren de una urgente democratización, tampoco
se ha aprobado la Ley de Partidos y, por vía de consecuencia, cumplido con la
concreción del artículo 216 de la Constitución, que establece que el
funcionamiento de los partidos debe sustentarse en el respeto a la democracia
interna y a la transparencia.
La reglamentación y fiscalización por parte de la JCE de los
procesos internos de los partidos, pudo haber evitado muchos de los conflictos
que terminaron dividiendo a algunos de ellos y creando las condiciones para el
deterioro del Sistema de Partidos y el surgimiento de un partido hegemónico.
Frente a la decisión de las élites partidarias de detener las
reformas políticas por conveniencia coyuntural, en cada campaña electoral,
desde la del 2008, sometí proyectos de reglamentos para las campañas
electorales, al igual que para los procesos de escogencia de los candidatos a
cargos de elección popular y de dirección de los partidos.
Pero el grado más alto de la falta de institucionalidad
política, sin dudas, se manifestó cuando faltando por aprobarse, producto de la
Reforma Constitucional del 2010, la mayoría de las leyes orgánicas, la Asamblea
Nacional Revisora proclamó, el 13 de junio del 2015, la reforma de la
Constitución, con el único objeto de restablecer la reelección presidencial.
La sociedad civil y la comunidad política, en su gran
mayoría, guardaron silencio. Entonces, paradójicamente, fue más fácil reformar
la Constitución que la indispensable Ley Orgánica Electoral y la esperada Ley
de Partidos.
Discúlpeme Ud., pero no puedo dejar de destacar como una
muestra de falta de institucionalidad política su declaración del día 10 de
mayo del 2016, cinco días antes de las elecciones, en la que, en su calidad
secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y senador por el
Distrito Nacional, hizo pública la promesa de ratificarnos en nuestros cargos,
a los miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE), en caso de que,
tal y como aconteció, su partido ganara las elecciones.
Esta inaceptable promesa, expresada por Ud., que como
presidente del Senado le corresponderá encabezar la sesión en la que serán
escogidos los nuevos miembros titulares y sus suplentes, en el momento
culminante de la campaña electoral, es una de las razones por las que bajo
ninguna circunstancia puedo aceptar ser ratificado como miembro titular de la
Junta Central Electoral.
A propósito de que la Cámara de Senadores tiene la atribución
de elegir a los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral, le
corresponde también, debido a la inexistencia de un procedimiento legal,
determinar la forma en que se hacen las designaciones de los mismos. Esta
falencia de la Ley Electoral, relativa al procedimiento de elección, debe ser
subsanada en la reforma que está pendiente de conocimiento en el Congreso
Nacional.
Sin embargo, la ausencia del procedimiento legal no debe ser
aprovechada por un partido cuando cuenta con las dos terceras partes de los
senadores, como ocurre actualmente, para designar arbitrariamente al presidente
y a dos o más miembros de la JCE, con el propósito de tener un control absoluto
del órgano. En caso de hacerlo, vulneraría el espíritu del artículo 212 de la
Constitución la Constitución Política que configura a la Junta Central
Electoral como un órgano colegiado.
La razón por la que la Junta Central Electoral desde su
fundación, el 12 de abril de 1923, ha sido un órgano colegiado, radica en el
hecho de que sus decisiones deben estar fundamentadas en el libre debate de las
ideas y no en la imposición de estas, que es lo que ocurre cuando un partido
cuenta con una mayoría mecánica en el pleno.
Precisamente, como consecuencia del cuestionamiento a la
organización de las pasadas elecciones, sobre todo en lo concerniente al
escrutinio, los partidos políticos de oposición y diversas organizaciones de la
sociedad civil han demandado, con gran consistencia, la sustitución de nosotros
los miembros del pleno.
Esto quiere decir que el liderazgo político que es, al final
de cuentas, quien designa a los miembros y suplentes del órgano electoral,
estará acompañado del reclamo de la sociedad hasta el momento en que sean
escogidos los referidos funcionarios.
Es justo reconocer que la sociedad tiene razón de estar
preocupada, por el motivo de que cuando un órgano electoral colegiado es
conformado con miembros o compromisarios de uno de los partidos, además de perder
su independencia, en los hechos, se transforma en unipersonal, motivo más que
suficiente para que la designación de los miembros y suplentes de la Junta
Central Electoral, se fundamente en la competencia profesional y la solvencia
moral y no en los vínculos partidarios.
Por todo lo antes expresado, le agradeceré excluir mi nombre
de cualquier propuesta que tenga por objeto mi elección como miembro del órgano
para el período 2016-2020.
Finalizo expresándoles mi agradecimiento a usted y a los
demás senadores que con sus votos me brindaron la oportunidad de servirle al
pueblo desde este órgano supremo electoral.
Cordialmente,
LIC. EDDY DE JS. OLIVARES ORTEGA
Miembro Titular.
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