ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO (EFE).- La directora
ejecutiva del movimiento Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, criticó
este domingo la variación de la medida de prisión preventiva por garantía
económica, presentación periódica e impedimento de salida concedida a dos de
los implicados en el caso Odebrecht en República Dominicana.
Este viernes, el juez de la Instrucción Especial de la
Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, dispuso conmutar la coerción del
empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, que
cumplen prisión preventiva en la cárcel de Najayo, por el pago de multas de 70
y 50 millones de pesos (un millón y medio y un millón de dólares, respectivamente).
La excarcelación a cambio de la multa, la presentación
periódica y el impedimento de salida del país suponen, según Sosa Pérez, que
“la lucha contra la corrupción en el país solo son letras muertas, discursos
vacíos para engañar a la ciudadanía”, ya que “las leyes se acatan y no se
cumplen”.
En un comunicado, la responsable de la entidad dijo que
habría que preguntarse si los supuestos en los que se basó el magistrado para
imponer la prisión preventiva han sido modificados.
“Asumimos que la imposición de la prisión preventiva no solo
se basó en el peligro de fuga, sino que además existen pruebas suficientes de
causa probable de ser autores o cómplices, y podrían poner en peligro el
proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad”, afirmó.
Denunció “el garantismo penal” que se aplica a los que tienen
“vínculos con los poderes del Estado y a aquellos que aportan dinero para
financiar a los candidatos que mañana tendrán el poder para eximirlos de
responsabilidad por sus actos ilícitos y, muestra de ello, es que nuestras
cárceles están sobrepobladas de personas pobres”.
En su opinión, “es necesario sancionar a los comportamientos
que suponen un grave daño a la vida en sociedad, para que surta efecto
disuasorio, en particular a la corrupción la cual socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra los derechos de las personas, contra el
orden moral y la justicia”.
Sosa Pérez manifestó que el sistema de justicia se pone a
prueba, precisamente, en casos donde se procesa a personas con poder económico
y político.
Odebrecht admitió el pago de sobornos a representantes,
funcionarios públicos y sus relacionados, por 92 millones de dólares para
obtener la contratación y adjudicación de obras del Estado.
El empresario Rondón, señalado por el Ministerio Público como
la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro Díaz Rúa son
los únicos de los 14 imputados por este caso que estaban cumpliendo prisión en
un centro penitenciario, mientras que al resto se le impuso distintas medidas
de coerción.
La directora ejecutiva recordó que República Dominicana es
signataria de las convenciones internacionales contra la corrupción de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU, por las cuales el Estado
dominicano y todos los poderes públicos están comprometidos a prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción pública y privada.
0 Comentarios
Tu comentario es importante