Por Juan Bolívar Díaz.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Aunque el ministro de Hacienda lo estimara exagerado, el
informe de Oxfam Internacional de que el Gobierno malgasta este año más de 90 mil
millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio fue recibido con
preocupación y renueva la necesidad de dar vigencia al Pacto Fiscal que dispone
la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
El informe reactiva la preocupación por la sostenibilidad
económica del país, sobre todo a la luz del proyecto de Presupuesto para el
2018 que replica un enorme déficit fiscal cubierto con endeudamiento que en el
último año crece a ritmo de 12 millones de dólares por día, equivalentes a 571
millones de pesos.
Contradictorio crecimiento. En la introducción del estudio
“Se buscan recursos para garantizar derechos”, Raúl del Río de Blas, director
de Oxfam para República Dominicana, una prestigiosa institución que opera en
más de 90 países, comienza por resaltar que a pesar del sostenido crecimiento
económico de los últimos 30 años, el país no ha podido reducir
significativamente los niveles de pobreza y desigualdad que afectan a una
amplia mayoría de la población.
De ahí que desarrollaran un amplio proceso de investigación y
análisis del gasto público y de determinadas partidas del Presupuesto Nacional,
determinando que “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para
garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males
endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso
clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades
gubernamentales”.
Entre sus objetivos señala elevar la calidad, eficiencia y
transparencia del gasto público, ante el pendiente Pacto Fiscal dispuesto por
la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012, llamando a restablecer
la confianza de la población y su actitud para contribuir fiscalmente.
República Dominicana ocupa el tercer lugar en la región en la
escala de justificación de la evasión de impuestos, y el segundo que menos
recauda, 13.1% del PIB en 2016.
La debilidad de las instituciones del Estado y la
desconfianza en la clase política son señaladas como obstáculos para el Pacto
Fiscal que debió estar en vigencia desde el 2016, y que sigue relegado por el
Gobierno, aunque la conclusión esta semana del Pacto Eléctrico, arduamente
negociado durante casi tres años, concentrará la atención en el fiscal. El
tercero, el Pacto por la Educación, está en vigencia hace dos años.
Costo de la malversación. El estudio analiza cinco renglones
para establecer lo que se podría ahorrar el Estado dominicano con políticas de
eficiencia, honradez y racionalidad: la nómina púbica, la corrupción, entidades
que sobran, gasto clientelar y otros, donde se incluye el subsidio eléctrico.
Para el año en curso el dispendio en esos renglones es cuantificado en 90,920
millones de pesos, que subirían a 96,872 en 2018 y alcanzarían a 117 mil en
2020.
El renglón de mayor malversación es el de las botellas, o uso
político de la nómina pública, estimada para este año en 39,250 millones de
pesos, 1.1% del PIB. Resalta que RD es el sexto país de América Latina y el
Caribe en mayor proporción de empleados públicos por habitante, con 58,313 por cada
millón, aunque el promedio regional es de 48,351, y que es 28% mayor en
relación con los países centroamericanos.
Señala que la Presidencia de la
República tiene más empleos que 9 ministerios juntos, con incremento del 62%
del 2016 al 17, que el Despacho de la Primera Dama suma tantos empleos como los
ministerios de la Mujer y de Administración Pública juntos, y que el Inespre,
con casi 2 mil empleados, tiene más personal que los sumados por cuatro
ministerios.
La corrupción es estimada solo en 0.7 por ciento del PIB,
montando 26,292 millones de pesos. Ese estimado es conservador, ya que el mismo
informe indica que el Fondo Monetario Internacional la estima a nivel mundial
en promedio del 2% del PIB, y la RD figura entre los países de mayor corrupción
en los índices del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.
Por la duplicidad de funciones u organismos que sobran, la
malversación alcanzaría este año 12,821 millones de pesos. Se agregan otros
RD$5,123 millones en gasto “potencialmente clientelar”, y RD$7,434 en otros,
como el subsidio eléctrico. Señala una serie de entidades que sobran y concluye
en que su eliminación podría ahorrar RD$31 mil millones por año.
Déficit y endeudamiento. El informe de Oxfam, elaborado por
los economistas Rafael Jóvine y Rosa Cañete, llegó en una coyuntura apropiada
al estar pendiente la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos
para el próximo año, bastante relegado en el debate público por los escándalos
de corrupción y la distracción del proyecto de Ley de Partidos.
Esta semana los
dos mayores partidos de oposición, el Revolucionario Moderno y el Reformista
Social Cristiano, insistieron por separado en denunciar el proyecto como
ratificador del rumbo fiscal insostenible.
Para el PRM el Gobierno prosigue el modelo aplicado desde el
2008, de presupuesto deficitario, altamente clientelar, mala distribución,
centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación
proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales, sobreestimación
de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto.
El PRSC puso acento en el carácter altamente deficitario del
proyecto de presupuesto, el cual conllevaría un déficit de 4,265 millones de
dólares, sosteniendo que requerirá un financiamiento real de 9,419 millones de
dólares en 2018.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, rescató la preocupación del sector por
los déficits y el galopante endeudamiento, señalando que este “se está tornando
en algo que debemos ponerle atención”.
La deuda pública se incrementó en 2016 en 3,459.7 millones de
dólares, según el registro oficial, lo que implicaba 288.3 millones por mes y
9.61 millones de dólares diario. Pero de abril del 2016 a igual mes de 2017 el
crecimiento se elevó a 4,326 millones de dólares. Eso significa 12 millones de
dólares cada día, equivalentes a 571 millones de pesos. La deuda consolidada
del Estado alcanza ya el 50% del PIB, lo que ha generado reiteradas
advertencias, incluyendo las del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El difícil proyecto de Faride. La joven diputada del PRM
Faride Raful se montó sobre la ola de preocupaciones por el dispendio y la
sostenibilidad fiscal cuando esta semana sometió al Congreso un proyecto de ley
“de reorganización de la administración pública” que pretende disolver 57
instituciones, comisiones u organismos públicos considerados inoperantes o
redundantes, lo que ahorraría unos 15,700 millones de pesos anuales. Aunque
ella misma adujo que han sido identificados más de un centenar que deberían ser
disueltos.
Los más significativos de esos organismos aparecen señalados
también en el informe de Oxfam y han sido objeto de cuestionamientos durante
años. Son expresiones concretas del reparto clientelar y rentista en que se ha
fundado el partidarismo político.
El proyecto de la abogada Faride Raful es más que nada un
llamado de atención, pues ella misma debe ser consciente de que la mayoría
oficialista del Congreso Nacional no aprobaría ni la décima parte de su
propuesta.
El aferramiento a ese reparto es lo que determina que el
Gobierno no haya querido convocar al Pacto Fiscal, consciente de que sectores
políticos y la mayoría de las instituciones sociales, llamadas a ser parte de
la concertación, comenzarían por reclamar la disolución de las agencias de
repartición, como paso preliminar para hablar de las mayores cargas fiscales
que requiere el desarrollo nacional. Fue lo que ocurrió en el 2012 al comienzo
del Gobierno de Danilo Medina, que rápidamente revocó el propósito.
La evasión del mandato legal del Pacto Fiscal se ha
convertido en una trampa para el Gobierno, necesitado de mayores recursos, que
los intenta mejorando la gestión recaudatoria, obviamente insuficiente. La
salida ha sido el incremento del déficit fiscal financiado con endeudamiento
progresivo que atrapa también al país y cuestiona la sostenibilidad fiscal. El
informe de Oxfam es otra campanada, pero pocos creen que será tomado en cuenta.
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