ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTIAGO.- El procurador general de la República, Jean
Alain Rodríguez, entregó este lunes en esta provincia el Centro de Atención
Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP), ampliado,
remodelado y dotado de nuevo mobiliario, con capacidad de albergue para 96
internos.
En el
acto, el magistrado Rodríguez pronunció un discurso, durante el cual destacó
que esta es la primera obra terminada en el marco de la ejecución del Plan de
Humanización del Sistema Penitenciario que implementa en todo el país.
“Nos
propusimos ampliar la capacidad de este recinto y así lo hicimos. Mientras
antes solo había espacio para 72 adolescentes en condiciones muy precarias, hoy
hay disponibilidad para 96 en condiciones humanas, con lo cual hemos creado
espacio suficiente para que los jóvenes de Santiago y de otras zonas aledañas
puedan permanecer cerca de sus familiares y de la jurisdicción donde están
siendo procesados con un sistema enfocado en reinserción”, subrayó.
Resaltó
el procurador general en su discurso, que la atención a los adolescentes
privados de libertad es uno de los ejes más importantes dentro de este plan,
por encontrarse éstos en una de las etapas más vulnerables en la vida del ser
humano, que dijo para superarla con éxito, los jóvenes necesitan de apoyo,
guía, herramientas, disciplina y, sobre todo, de amor.
Agregó:
“Pretendemos que ese joven que ha delinquido, por la razón que sea, tenga una
segunda oportunidad, una oportunidad de cambio y de transformación que ahora ha
llegado a los adolescentes de Santiago”.
Explicó
que el centro fue remozado y ampliado con un monto de alrededor de 21 millones
de pesos, al tiempo de indicar que los trabajos incluyeron la construcción de
un taller completamente nuevo, donde se impartirán clases de ebanistería, para
que los adolescentes durante su estadía en el recinto puedan aprender nuevas
habilidades para ganarse la vida honradamente cuando sea el momento de
reintegrarse a la sociedad.
En
relación a los trabajos realizados en el recinto, además dijo que el área de la
cocina fue completamente equipada para brindarles al personal y a los jóvenes
privados de libertad alimentos preparados en un ambiente adecuado y servidos
sin atrasos y a las horas estipuladas.
“El
Plan de Humanización del Sistema Penitenciario no es un mero plan de
construcciones, sino una verdadera reforma del sistema penitenciario nacional,
incluyendo al sistema penitenciario juvenil, para que sea más moderno, con
programas que garanticen la total rehabilitación del interno”, señaló.
En
ese orden, dijo que a través de la Dirección de Prevención de la Criminalidad
de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Atención Integral para la Persona
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, trabajan en la implementación de un
nuevo modelo de gestión para todos los centros de atención, a fin de lograr la
estandarización de los procesos y fortalecer las capacidades del personal que
interactúa con los internos.
Destacó
que trabajan en un nuevo modelo de intervención conductual para desarrollar
programas de tratamiento personalizados que tomen en cuenta el entorno
comunitario, familiar y personal de cada uno de los adolescentes privados de
libertad. “Solo así seremos capaces de lograr una transformación verdadera en
este segmento de la población”, enfatizó.
El
jefe del Ministerio Público manifestó ante autoridades y representantes de
diferentes sectores de Santiago, que implementan un plan integral sujeto al
cumplimiento de varias etapas, el cual avanza inexorablemente hacia una
conclusión exitosa y esperanzadora. “Este centro tan solo es el primer ejemplo
y esperamos presentarles muchos otros más en los meses venideros”, dijo.
La
Procuraduría General de la República (PGR) explicó que los trabajos realizados
en el centro por un espacio de cuatro meses estuvieron a cargo de la empresa
contratista Abástese S.A., ganadora de la licitación hecha por la institución
con esos fines.
Al
acto de entrega del CAIPACLP de Santiago, que funciona en el sector Pastor de
Bella Vista de esta ciudad, asistieron representantes del Ministerio Público,
jueces, defensores de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, y
miembros de los ministerios de Educación y Salud Pública, del Consejo Nacional
para la Niñez y la Adolescencia (CONANI),
de la Policía Judicial Especializada, del Ejército y de la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Iglesia, así como agentes
penitenciarios y representantes de la sociedad civil.
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