ATMÓSFERA
DIGITAL, LA VEGA.- El Ministerio Público de esta localidad y la Alcaldía
Municipal acordaron implementar acciones para la promoción de la reinserción
social de personas a las que los tribunales, mediante sentencia, les hayan
impuesto servicios comunitarios durante procesos judiciales.
La
iniciativa será implementada como parte de un acuerdo de colaboración
interinstitucional que firmaron la fiscal titular de La Vega, magistrada Aura
Luz García Martínez, y el alcalde Kelvin Antonio Cruz Cáceres, quienes se
comprometieron a impulsar acciones para la creación e implementación de los
programas que regularán los períodos de trabajo de utilidad pública impuestos a
los procesados.
La
magistrada García Martínez destacó que la iniciativa está orientada a la
correcta y efectiva reinserción social de las personas con procesos judiciales
por diferentes delitos, como parte de las acciones que se llevan a cabo desde
la Procuraduría General de la República para combatir la actividad delictiva y
garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.
El
órgano del Ministerio Público, conforme lo acordado, recibirá las decisiones
del juez de Ejecución de la Pena que ordenen ejecutar sentencias o resoluciones
en las cuales se haya impuesto la realización de un servicio comunitario, así
como remitir mediante oficio a la persona conjuntamente con la decisión de
dicho juez a la Alcaldía Municipal
Un
comunicado de prensa difundido por el Ministerio Público tras la realización
del acuerdo, destaca que el proyecto busca favorecer la positiva reinserción
social y crear la cultura del trabajo digno.
El
convenio, firmado en la sede de la Alcaldía Municipal de La Vega, indica que se
tomarán en cuenta aquellos casos en que las penas deban ser ejecutadas bajo la
jurisdicción del Departamento Judicial de La Vega, previa decisión del juez de
Ejecución de la Pena del mismo departamento judicial, los cuales serán
desarrollados en el ámbito de competencia territorial de ambas entidades.
Explica
que en los programas participarán internos en períodos de prueba, que aun
estando en libertad, la misma se encuentre condicionada a cumplir las reglas
dispuestas en sentencias o resoluciones por un período determinado durante el
cual el incumplimiento de las reglas podría provocar la revocación de la
libertad.
Según
contempla el acuerdo, la Procuraduría Fiscal y la Alcaldía Municipal de La Vega
designarán un personal que estará a cargo de dar cumplimiento a las
responsabilidades asumidas mediante el convenio, que además establece una
distribución total del tiempo impuesto por la decisión judicial en períodos de
servicio que no obstaculicen el empleo o trabajo remunerado que esté realizando
el procesado.
En
tanto que la Alcaldía luego de finalizada la labor comunitaria emitirá una
certificación de cumplimiento en la cual el Ayuntamiento Municipal de la Ciudad
de La Vega, certificará que el procesado ha cumplido con la totalidad de las
horas designadas en el servicio comunitario, la fecha y el lugar en que fue
realizado, así como el número de sentencia a la cual se le dio cumplimiento.
El
comunicado destaca que el convenio tendrá una vigencia de cuatro años que
podrán ser renovados al finalizar el período, sin perjuicio de la posibilidad
de disolución en cualquier momento previo al vencimiento del plazo por la
manifestación de la voluntad de una de las partes.
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