ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El exmiembro de
la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, afirmó que el Procurador Electoral será un dependiente del Procurador General de la República, por lo que carecerá
de la independencia y la autonomía necesaria para perseguir los crímenes y
delitos electorales.
El
dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfatizó en que lo
conveniente es que este funcionario no sea designado, hasta que se produzca una
Reforma Constitucional que garantice su absoluta independencia del Ministerio
Público.
“La
mejor contribución que podría hacerle el Procurador General de la República,
Jean Alain Rodríguez, al proceso electoral, es mantenerse distante del mismo”,
expuso.
Olivares
consideró que en lugar de una solución, el Procurador Electoral es un problema
porque a su juicio no es confiable para los partidos de oposición ni para la
sociedad, motivo por el cual, la Junta Central Electoral, por su autonomía e
independencia “debe ser la canalizadora del procesamiento de los delitos
electorales”.
“Debería
ser inaceptable para la oposición que los fiscales, la mayoría de los cuales
pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, tengan a cargo la
persecusión de los delitos electorales en el actual proceso electoral”, indicó.
Mientras
tanto, los partidos y los candidatos, como partes legítimamente afectadas,
conforme al artículo 281 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19,
deben apoderar directamente al Tribunal Superior Electoral, que es el órgano
competente para conocer los delitos y crímenes electorales.
Planteó
que la sociedad civil, al presenciar la comisión de un delito o crimen
electoral, en lugar de denunciarlo por ante el Ministerio Público debe hacerlo
ante la Junta Central Electoral o a las juntas electorales, que son los
organismos facultados para apoderar al Tribunal Superior Electoral.
El
tema de la compra y venta de voto pudiera generar violencia en la jornada electoral,
debido a que, al margen de los partidos, podrían formarse grupos armados que
operarían para despojar a los compradores del dinero utilizado para la comprar
de votos.
La
compra y venta de votos es un crimen electoral que se castiga, de conformidad
con los artículo 282 y 283 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral,
respectivamente, con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de
uno a cinco salarios mínimos del sector público, en el caso de los compradores,
y pena de seis meses a dos años de reclusión, en el de los vendedores.
Sostuvo
que distinto al funcionario judicial dominicano que es un dependiente del Poder Ejecutivo, en los
países en los que existe el Procurador o Fiscal Electoral se aplica un estricto
proceso de selección que garantiza su independencia.
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