ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno requirió este
miércoles de la Junta Central Electoral ordenar la suspensión de los procesos
de compras y contrataciones que realiza el Plan Social de la Presidencia,
adscrito a la Presidencia de la República, por valor de RD$ 946 millones 801
mil 288.50 pesos, según copias de varias comunicaciones del despacho de Iris
Antonia Guaba a su división de compras.
El
PRM informó y adjuntó a la JCE copias de las respectivas comunicaciones del
Plan Social de la Presidencia, que dirige Guaba, que el pasado 16 de enero
publicó los procesos de compras y contrataciones para la adquisición de
materiales de construcción por RD$ 66,296, 890.00,
En
fecha 17 de enero, para la adquisición de electrodomésticos y enseres del hogar
por la suma de RD$ 380,504,398.50 y en
fecha 29 de enero por RD$ 500,000,000.00 para adquisición de alimentos que
serían donados, con un total superior a
los más de 946 mil millones de pesos, arriba señalados.
Al
fundamentar su requerimiento el PRM cita el Párrafo IV, del Artículo 196, de la
Ley 15-19, que establece textualmente: “Está prohibido durante los cuarenta
(40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios
municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la
celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de
actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías”.
Asimismo,
el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías,
se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario
extraordinarios, advierte la ley.
“Es
evidente que los referidos procesos de compras y contrataciones para donar
electrodomésticos, enseres, materiales de construcción y alimentos que se
propone ejecutar la Presidencia de la República violan el citado artículo 196,
párrafo IV, de la Ley 15-19, ya que constituyen actos extraordinarios, con
fines proselitistas, para comprar indirectamente la conciencia y el voto de
dominicanos pobres”, sostuvo el partido opositor.
“Por
consiguiente, corresponde a esa Junta Central Electoral, en virtud de las
facultades que la confiere el artículo 227 de la Ley 15-19, adoptar las medidas
que correspondan para hacer cesar el uso indebido de fondos públicos por parte
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), particularmente mediante la
suspensión inmediata de los señalados procesos de compras y contrataciones
públicas”, agregó.
Señaló
además que Iris Antonia Guaba no puede alegar ignorancia de las prohibiciones
que establece la Ley Electoral ni tampoco de los avisos públicos que en ese
sentido ha hecho esa Junta Central Electoral. Por consiguiente, debe ese Órgano
Electoral aplicar las sanciones administrativas que procedan en contra de la
referida funcionaria del partido oficialista, según el artículo 278 de la Ley
15-19”, planteó el PRM a la JCE.
La
instancia fue elevada por Orlando Jorge Mera, delegado político, Julio Peña, delegado suplente, y
los abogados Antoliano Peralta, Sigmund Freund y Luis Soto.
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