Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO ESTE.- Hay que dar
seguimiento a los estudios de opinión que realiza la firma encuestadora Mark
Penn/Stagwell, que dirige el doctor Bernardo Vega, por la certeza de sus
resultados con relación a varios eventos políticos que se han registrado en el
país en los últimos meses. El mejor ejemplo de la calidad de sus
investigaciones está en las primarias del PLD, del 6 de octubre de 2019, en la
que adelantó un empate técnico.
Una encuesta es el retrato de un momento del
acontecimiento estudiado. Y cuando cumple con los requisitos científicos suele
tener un margen de error de un 3%. Ese 3% puede ser hacia arriba o hacia abajo.
En su más reciente investigación ---y en
lo que toca al municipio Santo Domingo Este---
esa firma otorga al licenciado Manuel Jiménez un 53% y a Luis Alberto
Tejeda un 28%. El error puede estar en
que en vez de un 53, Jiménez, candidato
del PRM y aliados, tenga un 56; y que Luis Alberto, candidato del PLD y
aliados, en vez de un 28 tenga un 31.
Pero también puede ser lo inverso, es decir, tres
puntos hacia abajo. Una
observación importante es que las encuestas contabilizan a los abstencionistas
y a los indecisos. En el evento electoral sólo se computan votos válidos
emitidos, por lo que un 53% podría convertirse en un 58% y hasta en un 60%; y
un 28% podría subir a un 33% o a un 35%.
De todas maneras, estamos hablando de una diferencia de 25
puntos, que es mucho ¡Demasiado! Y para los días que faltan para los comicios
extraordinarios no se vislumbra ningún hecho que pueda variar esa tendencia. La
variación desfavorable afecta regularmente al que está abajo, por el desánimo
que se apodera de militantes que saben que van a perder. Algunos ni acuden a
las urnas.
Y el desánimo
es mayor en el propio candidato, el cual desea que pase el evento para salir
del lío en que se ha metido, perdiendo deseo de trabajo y, aún más, motivación
en la inversión de dinero en un proyecto destinado al fracaso inminente.
Las circunstancias resultan muy desfavorables a los
candidatos del oficialismo, los cuales cifran sus esperanzas en los fraudes y
en las compras de votos. Sin embargo, las consecuencias derivadas del sabotaje
del proceso del 16 de febrero, que se expresan con protestas espontáneas y
pacíficas en todo el país, reducen espacio al fraude y a la nociva compra de
votos, delito electoral que sólo ha tenido éxito cuando el margen es menor al
8%.
En esta ocasión, sin embargo, la gente de los barrios
pobres les cogerá el dinero a los candidatos del oficialismo y terminará
sufragando por la oposición. Por primera vez, en muchos años, se observa un
despertar en los más necesitados y de menor escolaridad, que tocan cacerolas a
los candidatos corruptos. Los mismos candidatos que acuden a esos lugares cada cuatro años a
repetir las mismas promesas.
Además, es extremadamente riesgosa la práctica de
compra de cédulas y de votos, porque la mayoría de los candidatos a alcalde de
la oposición pondrán un amplio equipo de seguridad en torno a los recintos
electorales, para enfrentar e impedir que se violente el Artículo 284 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral, es decir, la 15-19, que trata sobre los delitos
electorales.
Particularmente, el licenciado Manuel Jiménez,
candidato del municipio más grande del país, ha designado una seguridad de
miles de hombres, diseminados en todos los centros de votaciones, con la
encomienda de contribuir al orden y al desarrollo de un proceso comicial
caracterizado por el civismo y el respeto a las leyes.
Aunque la gente no cree en la Junta Central Electoral,
esperamos que con el ejemplo dado por la población, con sus protestas pacíficas
que coparon los medios periodísticos en los países de la región y del mundo, en
esta oportunidad no haya el menor asomo de irregularidad y que los resultados
de las elecciones municipales del 15 de marzo estén en consonancia a la
expresión de la voluntad popular.
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