ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Varios sindicatos de transportes públicos de
pasajeros afiliados a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción
(Fenatrano) y la Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez
(Fenatrapego) exigieron este lunes al Gobierno ser tratados en iguales
condiciones que los demás ciudadanos, ante la crisis sanitaria y económica que
ha provocado la pandemia del Coronavirus (Covid-19) en República Dominicana, la
cual afecta a todos los países del mundo.
Durante
una rueda de prensa en la Calle H esquina Prolongación 27 de febrero (Pintura),
en Santo Domingo Oeste, los dirigentes y trabajadores del transporte
público de pasajeros, manifestaron que ante “Dios y la Constitución de la
República todos son iguales”, al tiempo de condenar el maltrato y abandono del
Gobierno a ese sector en medio del coronavirus.
En
tal sentido, recordaron al Gobierno que cumpla con lo anunciado, mediante la
utilización de unos RD$15 mil millones para apoyar a las empresas familiares, a
los pequeños y medianos inversionistas y las pymes, al tiempo de indicar que
los transportista no ha llegado ni un sólo peso para garantizar la
sostenibilidad económica de ese sector y no irse a la quiebra.
Señalaron
que desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y las medidas anunciadas por
el Gobierno, los trabajadores del transporte público de pasajeros han dejado de
recibir más de RD$80 mil millones bruto en todo el territorio nacional, ante la
total indiferencia de las autoridades dominicanas.
En
ese sentido, demandaron que los operadores del transporte de esta zona (Santo
Domingo) y de todo el país, sean incluidos en los programas sociales, mediante
los RD$40 mil millones que del "sudor de los trabajadores" las AFP
les prestaron al Gobierno dominicano para darle dinamismo a la economía,
"destruida en medio de esta crisis".
También,
señalarón que montar solo tres (3) pasajeros al mismo precio le genera más
déficit a los choferes, a los fines de que las autoridades lo valoren, “solo
eso”. Al tiempo de que solicitaron que estudian la posibilidad de autorizar
cuatro (4) pasajeros a los carros.
Solicitaron,
además, que sus afiliados que usan GLP como combustibles sean incluidos en los
programas del “Bono Gas”, también en los denominados (FASE I), (FASE II) o en
el recién creado (Pá ti) de “Quédate en casa”, así como otros anunciados por
las autoridades.
Asimismo,
los directivos de los sindicatos de transportes público de pasajeros
solicitaron tener derechos a la alimentación y a la salud de cada uno de sus
compañeros y de sus familiares, como derechos fundamentales, constitucionales y
en materia de los derechos humanos consagrados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Igualmente,
demandaron del Gobierno aplicar el artículo 222 de la Constitución de la
República, el cual ordena proteger la economía familiar, popular, solidaria y
cooperativa, las cuales son las bases fundamentales de la generación de empleos
en el país.
Además,
exigieron que al igual que algunas compañías que transportan pasajeros a
empresas, se le permita, mediante un protocolo de lugar que sus minibuses,
microbús y autobuses laboren con un máximo de capacidad de 50 pasajeros, con el
objetivo de guardar la distancia, así como evitar el contagio y la propagación
del Covid-19, para garantizar ingresos, sostenibilidad económica y familiar.
Los
dirigentes sindicales, igualmente, solicitaron la intervención del Gobierno
dominicano para que sean devueltos los más de RD$20 mil millones que una
empresa privada le “estafó”, mediante la venta del gas licuado de petróleo
(GLP), a sobre costos de unos RD$40 por galón de ese carburante, lo que hasta
2017-2018 se tradujo en una pérdida de ingresos por RD$535 mil a cada chofer de
carros de concho y taxistas.
Aseguraron
que esa "estafa vulgar" ha impedido a miles de transportistas cambiar
sus carros, debido a que dicha empresa lo utilizó para construir un mega puerto
privado en la región este del país, en perjuicio de todos los trabajadores
transportistas, así como de cada uno de los dominicanos que utiliza el GLP.
Igualmente,
demandaron del Gobierno dominicano utilizar los RD$16.00 que especializó
como impuestos adicionales al GLP para ser utilizados por el Poder Ejecutivo en
caso de una emergencia o catástrofes en el país, entre los años
2017-2018, por mandato del Ministerio de Hacienda al Congreso
Nacional, los cuales producen al año unos RD$8 mil millones.
“Este
momento es el de emergencia y catástrofe para nuestra clase choferil y las amas
de casas”, puntualizaron los dirigentes transportistas afiliados a Fenatrano.
En
ese orden, los dirigentes choferiles solicitaron que los recursos generados
desde el 2012, mediante el cobro de dos pesos adicionales al galón de
combustible para dedicar cincuenta centavos a los transportistas sea hoy,
destinado a un Plan de Seguridad Social Contributivo (PSSC) vía el Seguro
Nacional de Salud (SeNaSa).
Expresaron
que llegaron a esa decisión, luego de una discusión sobre el tema, de manera
que los transportista y sus familiares puedan contar con un seguro de salud vía
el SeNaSa, a través de un Plan de Seguridad Social Contributivo, así como una
cobertura de un 100 % en prestaciones generales de salud y medicamentos.
Explicaron
que estos recursos deben ir a un plan coogestionado por los transportistas,
quienes son los dueños y el Gobierno para tener una sana gestión de servicios
al ser humano y no a las extraordinarias ganancias de las AFP, que a su juicio,
sólo garantizan más riqueza a los dueños de estas empresas, mientras más
miseria a los integrantes del sistema: “En este caso, los trabajadores y
pequeños y medianos inversionistas del transporte”.
Asimismo,
exigieron la creación de un bono de contingencia y salvaguardia para los
trabajadores e inversionistas del sector transporte, a los fines de evitar su
quiebra masiva y el desempleo a más de un millón de trabajadores, que lo
llevaría a la condición de pobreza y sus consecuencias colaterales.
Los
dirigentes choferiles solicitaron, además, que el Poder Ejecutivo proceda a
pagar la deuda contraída por el Estado dominicano vía la Oficina Metropolitana
de Servicios de Autobuses (OMSA), a los transportistas que operan en el
Corredor de la Avenida Máximo Gómez, compromiso contraído cuando el actual
presidente de la República era secretario Administrativo de la Presidencia en
el año 1998, es decir, una deuda de 22 años.
“Hoy
esos recursos ascienden a unos RD$140 millones, los cuales tienen que ser
honrados, pues se trata de compromisos contractuales entre las partes”,
aseveraron los dirigentes sindicales del sector transportes.
0 Comentarios
Tu comentario es importante