Por
Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El doctor Guido Gómez Mazara dice haber depositado
pruebas, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), donde Gonzalo
Castillo, exministro de Obras Públicas, recibió 11 millones de dólares de
soborno por parte del exrepresentante de
Odebrecht en el país, para que el costo de construcción de la autopista del
Coral se dispare de 253,702 a 471,062 millones de dólares.
Se trata de una grave acusación, la
cual amerita que la PEPCA proceda de
inmediato a investigar las pruebas que el doctor Gómez Mazara ha depositado en esa
oficina. Es lo que procede conforme a las leyes dominicanas, pero sería pescar
de iluso pensar que esa Procuraduría cumpliría con su deber. Nunca lo ha hecho.
No es el único caso donde al
candidato presidencial peledeísta se le atribuye la comisión de hechos que
afectan el interés público, pues siendo ministro de Obras Públicas se le acusó de obtener
igualas para Helidosa, compañía de su propiedad, con empresas estatales, tanto centralizadas
como descentralizadas, por un monto de 450 millones de pesos al año, en violación al Art. 14 de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones, la cual
impide que los funcionarios públicos hagan negocios con el Estado.
También al candidato presidencial del
PLD se le inculpa del recibo de un préstamo por un monto de 1,200 millones de
pesos, de parte del Banco de Reservas, para la empresa Helidosa Aviation
Groud, propiedad de Castillo, lo que
equivale al 10.5% de la cartera destinada por la banca estatal a las pequeñas y
medianas empresas.
Durante los 20 años de gobierno
peledeísta se han cometido actos de corrupción pública de todos los tamaños,
sin que se conozca una sola sanción ejemplar de la justicia dominicana, pues
los gobernantes del PLD se han hecho trajes a la medida con la justicia
dominicana, designando a presidentes de la Suprema Corte de Justicia y a
procuradores generales de su extrema confianza.
Los altos niveles de corrupción
pública e impunidad constituyen las principales preocupaciones de los
dominicanos, de conformidad a los estudios de opinión que han salido a luz
pública en los últimos días.
En las tres encuestas más creíbles en
la opinión pública, la Gallup, Greenberg y Mark Penn/Stagwell, los dominicanos
muestran alto grado de rechazo a la corrupción pública y a la impunidad,
factores que motivan a optar por un cambio político a favor del Partido
Revolucionario Moderno y su candidato presidencial, el licenciado Luis Abinader
Corona, quien ha planteado, de forma pública, que una vez llegue a la
Presidencia de la República designaría a un procurador general de la República
independiente.
La firma Gallup le otorga a Luis
Abinader un 53.7%; un 35.5% a Gonzalo Castillo; y un 8.6% al doctor Leonel
Fernández. En cambio, la firma encuestadora Greenberg, ofrece a Abinader un 56%, a Castillo un 29% y
a Fernández un 12%. Mientras que la encuestadora Mark Penn/Stagwell da al
candidato del PRM un 47%, al del PLD un 35, y al de la Fuerza del Pueblo un
11%.
La media de los resultados de esas
tres prestigiosas firmas conceden a Luis Abinader un 52.2%, lo que revela que
las posibilidades de que el candidato presidencial del PRM gane en primera
vuelta son muy elevadas.
De las tres firmas de investigación
la menos favorable con el candidato del PRM fue la Mark Penn/Stagwell al
asignarle un 47%, pero en un estudio
donde se contabilizan porcentajes de abstencionistas y de indecisos, lo que
hace colegir que ese 47% podría subir al 51 o al 52% en el proceso comicial, en
el que sólo se computan votos válidos emitidos. En ese sentido Gonzalo Castillo
podría estar ascendiendo también, más o menos, a un 39 o a un 40%.
Sin embargo, el PRM y fuerzas aliadas
no pueden distraerse en los resultados de estas encuestas y deben seguir
trabajando para cerrar la recta final de la campaña electoral cumpliendo con
las tareas pendientes.
El triunfulismo nunca ha sido buen
consejero ni en los deportes ni en la política. Se recuerda que el 17 de marzo
de 1990 Meldrick Taylor había ganado los 11 primeros asaltos a Julio César
Chávez, pero en el asalto número 12 cometió el error de intercambiar golpes con
el mexicano, quien lo noqueó faltando siete segundos para que concluya la
pelea.
Ese hecho no motiva a hacer un simil con la situación política que vive la
República Dominicana, pero es evidente que el PRM y Luis Abinader no pueden
confiarse mucho en la Junta Central Electoral y el grueso de sus esfuerzos debe
estar dirigido al seguimiento del desenvolvimiento de un tribunal que en gran
medida responde al gobierno de Danilo Medina, por lo que es oportuno el momento
del envío de abogados que inspiren respeto, como es el caso del doctor Emmanuel
Esquea Guerrero y otros juristas dominicanos.
Se cree que el gobierno del PLD viene
apostando a una gran abstención electoral para el 5 de julio y para tales fines
se viene alarmando a la población con el incremento de los contagios del nuevo
coronavirus, e inclusive se habla que podría estar incidentando, con la
anuencia de la Policía Electoral, colegios en los que anticipadamente considera
estar derrotado.
En cierta medida la JCE es cómplice
del PLD gobernante al negarse a la extensión del horario de votación, a pesar
que para las primarias peledeístas, del pasado 6 de octubre, permitió que la
gente vote hasta en horas de la madrugada del día 7.
Uno de los obstáculos que pretende emplear
la JCE, en desmedro de la agilidad del proceso de votación, es desinfectar el
lapicero usado por los votantes, lo que podría conllevar tiempo, a pesar que un bolígrafo económico tiene costo al detalle de unos diez pesos, que
comprado al por mayor a la propia fábrica podría salir en menos de la mitad.
La mayoría de los analistas
electorales coinciden en que la gente acudiría a votar de forma cívica, como
siempre, a pesar de la epidemia, que si se produce alguna irregularidad sería
con la anuencia de la propia JCE.
El PRM no puede perder de vista que
el adversario ha dado muestras de valerse de todos los subterfugios ilegales,
contar de no renunciar a los privilegios que otorga el poder, por un lado,
pero, por otro lado, por temor a persecución judicial en caso de salir del
poder.
Las encuestas de opinión definen un
panorama electoral muy claro, pero la doctora Miriam Germán fue inteligente al
acudir a la JCE a pedir que la dejen votar, lo que demuestra que es una persona
que está actualizada con relación a los
eventuales inconvenientes que pueden presentarse el 5 de julio.
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