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Prudencia judicial

 


Por Danilo Cruz Pichardo.

ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Algunos dominicanos pensaron que, al producirse el cambio de administración el 16 de agosto, inmediatamente se iniciaría una persecución hacia todos aquellos funcionarios del pasado gobierno del  PLD (Partido de la Liberación Dominicana) que les atribuyen la comisión de corrupción pública en su paso por el poder.

Pero se impone la prudencia judicial. Nadie pone en duda la firmeza y competencia profesional de Miriam Germán Brito y de Yeni Berenice Reynoso. Se trata, empero, de agotar un proceso investigativo y de reunir las pruebas correspondientes en cada caso, para que los expedientes estén bien sustentados.

El gobierno dispuso --a través de la Contraloría General de la República--  auditar a todas las instituciones públicas y habría que esperar los resultados. Lógico: la Procuraduría General de la República dispone de sus propios mecanismos de investigación, pero cuando los hallazgos de varias pesquisas arrojan efectos similares las eventuales imputaciones se sostienen en argumentos más sólidos.

Se impone la confianza en el Ministerio Público, pues mejor no podía ser la calidad profesional y ética de los miembros de su cúpula.¡Ahora bien! Esas damas podrían hacer su trabajo  --tal y como la ciudadanía espera--, pero con esa Suprema Corte de Justicia no es para crearse expectativas  de justicia, pues a esos “magistrados” los designaron para blindar  de  impunidad a todos los funcionarios salientes.

Lo único que asegura esperanza de justicia en los expedientes de corrupción, sometidos por el Ministerio Público, es el cambio total  o parcial de esa Suprema Corte de Justicia. Lo ideal sería remover el pleno, pero los reglamentos lo impiden.

De todos modos, con cambiar al presidente y a dos o tres magistrados se obtendrían transformaciones tangibles. Pero la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura podría demorarse, pues aún no está definida  la segunda mayoría, aspecto que podría terminar en el Tribunal Constitucional.

“La demora de la justicia significa injusticia”, dijo Walter S. Landor. Esa injusticia prevaleció durante los 20 años de administración peledeísta. No se puede pretender ahora que, con autoridades que apenas tienen un mes, se esté apresando gente del pasado gobierno. Es un proceso que conlleva  una serie de pasos, empezando por una adecuada investigación, para  presentar méritos irrefutables.

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