Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Algunos dominicanos pensaron que, al producirse el
cambio de administración el 16 de agosto, inmediatamente se iniciaría una
persecución hacia todos aquellos funcionarios del pasado gobierno del PLD (Partido de la Liberación Dominicana) que
les atribuyen la comisión de corrupción pública en su paso por el poder.
Pero se impone la prudencia judicial.
Nadie pone en duda la firmeza y competencia profesional de Miriam Germán Brito
y de Yeni Berenice Reynoso. Se trata, empero, de agotar un proceso
investigativo y de reunir las pruebas correspondientes en cada caso, para que
los expedientes estén bien sustentados.
El
gobierno dispuso --a través de la Contraloría General de la República-- auditar a todas las instituciones públicas y
habría que esperar los resultados. Lógico: la Procuraduría General de la República dispone de sus
propios mecanismos de investigación, pero cuando los hallazgos de varias
pesquisas arrojan efectos similares las eventuales imputaciones se sostienen en
argumentos más sólidos.
Se impone la confianza en el Ministerio
Público, pues mejor no podía ser la calidad profesional y ética de los miembros
de su cúpula.¡Ahora bien! Esas damas podrían hacer su trabajo --tal y como la ciudadanía espera--, pero con
esa Suprema Corte de Justicia no es para crearse expectativas de justicia, pues a esos “magistrados” los
designaron para blindar de impunidad a todos los funcionarios salientes.
Lo único que asegura esperanza de justicia
en los expedientes de corrupción, sometidos por el Ministerio Público, es el
cambio total o parcial de esa Suprema
Corte de Justicia. Lo ideal sería remover el pleno, pero los reglamentos lo
impiden.
De todos modos, con cambiar al presidente
y a dos o tres magistrados se obtendrían transformaciones tangibles. Pero la
conformación del Consejo Nacional de la Magistratura podría demorarse, pues aún
no está definida la segunda mayoría,
aspecto que podría terminar en el Tribunal Constitucional.
“La demora de la justicia significa
injusticia”, dijo Walter S. Landor. Esa injusticia prevaleció durante los 20
años de administración peledeísta. No se puede pretender ahora que, con
autoridades que apenas tienen un mes, se esté apresando gente del pasado
gobierno. Es un proceso que conlleva una
serie de pasos, empezando por una adecuada investigación, para presentar méritos irrefutables.
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