Por Danilo
Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Es lógico que la población dominicana se identifique
con los sometimientos judiciales del Ministerio Público en contra de personas
acusadas de corrupción contra el Estado dominicano. Ese clamor de repudio a la
impunidad, producto del secuestro a las cortes, particularmente del Poder
Judicial, empezó a expresarse a través de Marcha Verde.
Trujillo
fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961, pero aquellos que le acompañaron no solo
en el terror y el crimen, sino también en la corrupción durante más de tres
décadas, no fueron procesados en los tribunales. El mérito del Consejo de
Estado se limitó en la celebración de unas elecciones libres.
Juan Bosch
ganó los comicios del 20 de diciembre de 1962 bajo el lema de “borrón y cuenta
nueva”. Al ser derrocado se instauró el Triunvirato, un régimen corrupto en
extremo, como lo fue de igual manera el de los 12 años de Joaquín Balaguer. Don
Antonio Guzmán llegó al poder político bajo el mismo lema de Bosch: “borrón y
cuenta nueva”. Y nadie fue hecho preso.
Balaguer --al retornar al poder en año 1986, el mismo hombre que admitió que en su régimen de doce años surgieron 300 nuevos millonarios producto de la corrupción pública-- inició un proceso movido por la persecución política, jamás por justicia.
Hipólito
Mejía, al arribar a la Presidencia de la República, se inventó que a los
presidentes de la República no se les toca. Y a partir del año 2004 se inicia
una etapa de hipercorrupción que rompe
todos los récords, con escándalos de todos los tamaños. Y el PLD se hizo un
traje a su medida, al politizar a todas las cortes con dirigentes del Comité
Central, como forma de blindar su impunidad.
La cadena de impunidad ha sido larga. Y la impunidad judicial genera más delitos, por lo que se trata de un círculo vicioso. En el ámbito regional (y hasta mundial) la República Dominicana ocupaba siempre los primeros lugares en corrupción pública, en impunidad y en falta de instituciones independientes, empezando por la justicia, conforme a Transparencia Internacional. Ojalá y los actuales procesos judiciales constituyan el inicio definitivo en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.
Los actuales funcionarios, antes de cometer algún crimen contra el Estado, lo pensarían muy bien. Es un gran precedente el que toma el Ministerio Público, ahora con carácter independiente por iniciativa de Luis Abinader.
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