Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El numeral 1)
del Artículo 39 de la Constitución reza así: “La República condena todo
privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y
los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que
resulten de sus talentos o de sus virtudes”.
Ni la
Constitución de la República ni ninguna ley ordinaria observa categoría de
superioridad entre civiles y militares. Las protecciones excepcionales se
circunscriben a discapacitados, envejecientes y mujeres embarazadas.
Sin
embargo, con motivo de la pandemia y las largas filas que se forman en las
sucursales del Banco de Reservas, sobre todo durante los días de pago, a los
viejos de ambos sexos, a las preñadas y a los que padecen discapacidades
físicas también se les ve haciendo fila.
Es una
fila especial, pero fila al fin y a veces muy larga, en ocasiones inclusive en
pleno sol o bajo llovizna.
Los únicos que no hacen fila son los policías y los
militares. Basta con presentar un carnet de identificación cuando visten ropa
de civil, aun sean jóvenes con excelentes estado de salud. ¿Amparado en qué ley
el Banco de Reservas, tradicionalmente, concede un privilegio tan irritante?
Maestro Danilo Cruz Pichardo. |
Hay que admitir que la presente administración
gubernamental ha tomado algunas medidas que procuran transparentar el
desenvolvimiento financiero de las instituciones públicas. Y que, de igual
manera, aboga por el respeto a la Constitución y a las leyes subjetivas, pero
todavía quedan distorsiones que ameritan corregir, como la vieja conducta
trujillista donde los militares se sienten superiores a los demás ciudadanos
dominicanos.
En las plazas comerciales, tiendas y supermercados
(establecimientos del sector privado) sí he comprobado que no conceden
privilegio a ningún cliente, salvo a aquellos que están amparados por la ley:
mujeres en estado de gestación, discapacitados y personas de muy avanzada edad.
No he visto a ningún militar presentando su carnet en caja de pago para que lo
liberen de fila.
Constituye una vergüenza que las empresas del
sector privado exhiban mayor apego y respeto al Art. 39 de la Constitución de
la República que una institución del Estado, como es el caso del Banco de
Reservas, a pesar que el ejemplo, en término de cumplimiento a las leyes, debe
empezar por el gobierno.
Recuerdo que José
--Pepe-- Mujica, cuando era
presidente en el Uruguay, renunciaba a los privilegios que le concedía son alta
investidura. Renunció, incluso, al trato especial que suele recibir todo
anciano, pues cuando acudía a un centro de salud del Estado hacía turno al
igual que los demás pacientes.
Este artículo no constituye una expresión de
prejuicio contra policías y militares dominicanos, a los cuales extiendo mi
respeto por cumplir con atribuciones como la de mantener el orden público, por
un lado, y, por otro lado, defender la independencia y la soberanía de la
Nación. Es una labor digna, aunque remunerada y no amerita rendimiento de
honores ni mucho menos concesión de privilegios.
“La única
forma de regenerar el mundo es que cada uno cumpla con el deber que le
corresponda”, dijo Charles Kingsley. Demandar el respeto a nuestra carta
sustantiva debe ser también un deber de
cada dominicano.
Exhorto, en ese sentido, al administrador del Banco de Reservas, licenciado Samuel Pereyra Rojas, a emitir a una disposición administrativa acabando con el privilegio mediante el cual policías y guardias entran a las sucursales como “Pedro por su casa,” pese a que se trata de una violación constitucional que se comete públicamente
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