Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- “El derecho a la
vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse,
pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, reza
textualmente el artículo 37 de la Constitución de la República.
La
prohibición del aborto --incluyendo el
terapéutico, que es un tema científico y no religioso— está sometida a un
candado muy fuerte, porque no basta con incluir su permiso en el nuevo Código
Penal mientras se mantenga en la Constitución de la República, que es la ley de
leyes, la ley suprema. En consecuencia, cualquier normativa jurídica que abra
una brecha a las tres causales, se expone a ser declarada ilegal por el
Tribunal Constitucional.
El temor a
las iglesias, sobre todo a la católica, por parte de las cúpulas de los tres
grandes partidos, les impide incluir al aborto terapéutico en el Código
Penal, conscientes inclusive de la pobre posibilidad de prosperar, por
contrariar a la carta magna.
Para
permitir que las mujeres puedan deshacerse de un embarazo no deseado (producto
de una violación sexual, incesto y/o peligro de muerte por razones de salud o
deformidad del feto) habría que excluir el citado texto de la Constitución de
la República, lo que requiere de otra reforma.
No se
descarta que la Constitución sea reformada, como se hace caprichosamente cada
cierto tiempo, pero es de dudar que se elimine el veto al aborto terapéutico,
un aspecto que desde el punto de vista científico nos coloca entre los países
más atrasados del universo.
Muchos de
los que defienden el cacareado “derecho a la vida” son personas de doble moral.
“La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica y otra que
practica y no predica”, dijo Bertrand Russell.
Se trata de
gente con el poder económico necesario para resolver, practicando un
aborto, en caso que una hija o nieta le
salga embarazada por violación, incesto o peligro de muerte. Pagan lo que sea
en el país, en clínicas privadas, o se van al exterior y resuelven. Resuelven
con su dinero.
Lo
reprochable es que esas personas contribuyan a condenar a parir a mujeres
violadas, episodios que dañan sicológicamente para siempre. Aprueban que una
dama esté compelida a dar a luz el
producto de un embarazo provocado por un miembro de la familia. Y peor
aún: consentir que tanto la madre como
la cría mueran, a pesar del aviso médico consistente en que la única forma de
salvar la vida de la dama es mediante el aborto. Es una actitud criminal.
Un Crimen
que se comete exclusivamente contra mujeres de los estratos sociales más
empobrecidos. Mujeres que no tienen dinero para pagar un aborto en una clínica
privada. De hecho son pocos los centros que practican abortos. Y los limitados
centros de salud que se involucran en esa
operación, condenada por ley, cobran tarifas elevadas. Todo lo que conlleva
riesgo resulta caro.
Para lo
único que ha servido la prohibición del aborto terapéutico es para incrementar
su costo, siendo perjudicadas fundamentalmente las mujeres de barrios y de la
zona rural.
Ahora a las
autoridades dominicanas se les ocurre levantar un muro en la frontera, al que
denominan verja. ¿Acaso una verja no es un muro? Es un derecho que le asiste al
Gobierno tomar todas las medidas que estime pertinentes, para impedir la
entrada de inmigrantes haitianos, contrabandos y otras actividades delictivas.
Para tales fines, además del muro, se ha hablado de cámaras, radares y sensores.
Sin embargo, pueden emplearse múltiples medidas y no
acabarían con el éxodo de haitianos hacia República Dominicana, lo que harían
es incrementar el precio que pagan los habitantes de la parte occidental para
pasar a la oriental. ¡Escríbanlo!
Se dice que los militares dominicanos cobran mil pesos
por la entrada de cada haitiano. A
partir del levantamiento del muro
entonces cobrarían cinco mil, quizás más.
El muro no resuelve ese problema, porque los haitianos
construirían túneles. Todos son albañiles. El muro -levantado con dinero
prestado- solo crea más problemas, al incrementar la deuda externa, que ya está
alcanzando niveles preocupantes.
La prohibición del aborto, incluyendo el terapéutico, que constituye un crimen contra mujeres pobres dominicanas, y el levantamiento del muro en la frontera, solo contribuyen a elevar tarifas en las clínicas privadas, por un lado, y, por otro lado, en militares mafiosos que operan en la frontera.
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