Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El gobierno de Luis
Abinader, en los meses que lleva al frente de la administración pública, ha
mostrado interés en dar solución a problemas que se arrastran durante décadas,
por lo que no se le puede regatear sus intenciones de mejorar las condiciones
de vida de los dominicanos, en lo económico y social, así como en otros
aspectos vitales de la vida nacional.
La presente gestión exhibe luces en materia de
transparencia en la administración de fondos públicos, muestra gran interés en
impulsar el turismo, gran generador de divisas y soporte principal de nuestra
economía antes de la pandemia, ha manejado adecuadamente la crisis sanitaria y
hace esfuerzos por la institucionalidad democrática, al inclinarse por la
selección de personalidades sin
cuestionamientos éticos en las cortes y
designando a un Ministerio Público supuestamente independiente.
Sin embargo, las cabezas principales de ese Ministerio
Público crearon mayores expectativas en la población sobre el combate al cúmulo
de corrupción administrativa sin
sancionar, entiéndase impunidad.
En los 16 años
de gobiernos consecutivos del PLD --en
los cuales se registraron grandes y graves escándalos de corrupción-- tanto Danilo Medina como Leonel Fernández
comparten responsabilidad, pero hasta el momento solo se ha tocado a un sector
y específicamente involucrando a parientes directos del actual presidente del
PLD, en el denominado Operativo Antipulpo.
A las tres figuras principales del Ministerio Público
se les acusa de actuar de forma lenta y parcial. Y que además se ha quedado con
el soporte del mismo personal que sirvió a los procuradores peledeístas, motivo
por el cual algunos de los perseguidos ya tenían el aviso.
Analistas independientes estiman que al presente gobierno
le convenía poner un verdadero ejemplo contra la impunidad, lo que daría
satisfacción a segmentos progresistas y avanzados que históricamente han
condenado la corrupción pública. Se cree, asimismo, que al gobierno le convenía
la condena de todos los involucrados en escándalos de corrupción, pues termina
de hundir políticamente al PLD, el cual, si la justicia continúa al paso que
va, podría recuperarse y levantarse. Danilo Medina es un hombre callado, pero
buen estratega y actúa conforme al momento y a las circunstancias.
Es difícil de establecer si esa justicia lenta y
parcial que implementa el Ministerio Público obedece a una línea de la
Procuraduría General de la República, donde hay funcionarios que les atribuyen
deudas de gratitud con Leonel Fernández, o es un sutil mandato del Jefe de
Estado, que hizo una alianza estratégica con la Fuerza del Pueblo en la pasada
campaña electoral, la cual parece mantenerse en ciertos aspectos, en vista de
que ningún miembro del cuerpo diplomático, identificado con Fernández, ha sido
destituido. Muchos de esos funcionarios estuvieron con Gonzalo Castillo en la
pasada campaña electoral, pero en un ejercicio de supervivencia se han pasado a
la Fuerza del Pueblo.
Se habla que más del 80% de los dirigentes del PRM y
miembros de los partidos y movimientos aliados, en la contienda comicial del 5
de julio del 2020, que hicieron posible el cambio, todavía no se les ha tomado
en cuenta para fines de empleo.
Hace justamente dos meses que el ministro de
Administración Pública, Darío Castillo Lugo, anunció que ya no habría más
cancelaciones. El funcionario no fue desautorizado por José Paliza, presidente
del PRM y ministro Administrativo de la Presidencia, pero mucho menos por Luis
Abinader, presidente de la República, quien al iniciar su mandato anunció de
forma categórica que no aplicaría aplanadora, que ningún servidor público sería
cancelado por razones políticas.
La superintendente de Seguros, Josefa Castillo, no
canceló peledeístas para no contrariar
la línea del Gobierno, pero metió a sus compañeros de Boca Chica, lo que
disparó la nómina y el presupuesto de
esa institución. Con esa actitud Josefa garantiza el apoyo de sus seguidores.
Hay quienes sostienen que no designar a los
perremeístas se trata de un capítulo cerrado. Se dice que el presidente
Abinader procura ganarse el apoyo de los empleados públicos, considerando el
futuro incierto de un PLD desacreditado y a la defensiva.
Adherir a peledeístas a su causa es una de las metas
en el marco de un conjunto de pasos para reciclarse políticamente con miras al
2024. Se persigue hacer un gobierno honesto, aspecto que suma adeptos y
contribuye a alta aprobación por la
población, pero también ganar simpatías con el levantamiento del muro fronterizo,
aprobado por más del 75% de los dominicanos.
El presidente Abinader es un hombre que no anda
cometiendo errores y sobre el tema de las tres causales, que divide a la
población mitad y mitad, se limpió las manos como Pilatos, anunciando que no
bajaría línea a los diputados de su partido, los cuales, al igual que los de
las demás bancadas, temen “como el Diablo a la cruz” a las iglesias. El Código
Penal viene sin las causales, pese a que es un tema científico y no religioso.
En política lo lógico es sumar. Sumar a lo que ya
tiene. Deshacerse de quienes le llevaron al poder, para pretender votos de
empleados públicos, que deben su nombramiento a Leonel o a Danilo, es riesgoso.
No deja de ser un riesgo, además, procurar reciclarse con sectores
conservadores, que tienen de líderes a Leonel y a Danilo, los mismos que
heredaron a Joaquín Balaguer.
Se deja el espacio libre de la franja liberal, la que parece no interesarle al jefe de Estado, lo que podría motivar un nuevo liderazgo en personas social demócratas, de izquierda y de centro izquierda, los mismos que estuvieron en Marcha Verde.
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