ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis
Abinader anunció, en su discurso de toma de posesión ante la Asamblea Nacional,
el 16 de agosto de 2020, que no habrá impunidad del pasado ni del presente de
los actos de corrupción pública, lo que provocó aplauso de la mayoría de los
presentes.
Ya el presidente de la República había designado, la noche
anterior, a Miriam Germán y a Yeni Berenice Reynoso, a quienes luego de su
alocución juramentó en Palacio Nacional, como procuradora general de la
República y procuradora adjunta, respectivamente, y otorgó poder para actuar de forma
independiente.
Aunque el Ministerio Público apenas es una parte de la
justicia, que no preside audiencias, juicios ni emite sentencias en ninguna de
las instancias, el Gobierno, al cumplir los cien días, empezó una campaña
publicitaria sobre la independencia del Poder Judicial en todos los medios de
comunicación social y en algunas redes sociales, como una forma de atribuirse un
logro rotundo.
Sería mezquino negar la gran diferencia moral entre el
presente y el anterior Ministerio Público. Miriam Germán tiene una trayectoria
profesional adornada por la ética profesional. Y Wilson Camacho y Yeni Berenice
son dos jóvenes con buena formación y capacidad investigativa. Yeni Berenice Reinoso,
inclusive, ha hecho estudios en el FBI. No se puede pretender desacreditar las
investigaciones de los casos Antipulpo, Caracol y Coral, los cuales cuentan con
decenas de pruebas que comprometen la responsabilidad de los imputados.
En el caso Coral, al general
Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, Tanner Flete Guzmán, al
coronel Rafael Núñez de Aza y al teniente coronel Raúl Alejandro Girón, les
imputan los delitos de Asociación de malhechores, estafa contra el Estado,
coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de
activos provenientes de corrupción pública y porte y tenencia ilegal de armas
de fuego. Para cada imputación hay pruebas irrefutables.
No es una actitud
seria darle matiz político a estos casos.
A la Procuraduría
General de la República sí se le puede
atribuir actuar a pasos de tortuga en el
combate contra la corrupción pública, porque en más de ocho meses apenas se
conocen públicamente tres expedientes, a pesar de que en los 20 años de
gobiernos peledeístas se registraron cientos de escándalos de corrupción en
desmedro del contribuyente.
Al ritmo que
trabaja la Procuraduría es para que en un período de cuatro años se conozcan 16
expedientes, en el hipotético caso que la doctora Germán se mantenga al frente
de ese cargo, lo que muchos ponen en duda por las contradicciones registradas
con el presidente de la República.
Fuentes
crediticias indican que Luis Abinader intentó evitar que el Operativo Coral se
lleve a cabo, porque terminaría involucrando al expresidente Danilo Medina, lo
que motivó que Miriam Germán amenazara con renunciar del cargo. Fue ahí cuando
al jefe de Estado le surge la idea de enviarle a la procuradora a Raquel
Arbaje, primera dama y gran diplomática, con la finalidad de limar asperezas.
Ya el PLD de forma
incondicional había apoyado en el Senado de la República a los nuevos
integrantes de la Cámara de Cuentas, lo que salvó al país de una réplica de la
anterior con la repartición que forzó en todo momento Leonel Fernández, junto
al senador Rogelio Genao, el cual sumado a los de la Fuerza del Pueblo
totalizaban siete votos. Ese gesto del PLD comprometió moralmente a Luis
Abinader, pero la procuradora no dio un paso atrás.
“Coincidentemente”
visita nuestro país el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante
Craig Faller, y se entrevista con Raquel Peña, vicepresidenta de la República y
presidenta en funciones ante la ausencia de Luis Abinader, que se encontraba en
España. Hay analistas que aseguran que la presencia de ese caballero en nuestro
país constituye una presión para que se continúe la lucha contra la corrupción.
Adicionalmente el
encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert W.
Thomas, le dijo al presidente Abinader lo siguiente: “A Estados Unidos le
interesa trabajar en los esfuerzos legislativos para crear un sistema de
extinción de dominio que permita al Gobierno recuperar los bienes y riquezas
que los criminales y corruptos han robado al Estado”.
Se colige que los
operativos realizados por la Procuraduría General de la República, en contra de
la corrupción pública, cometida en el pasado Gobierno, son iniciativas de
Mirian Germán, quien había sido humillada por el expresidente Danilo Medina y
por Jean Alain Rodríguez, al intervenir sus teléfonos, perseguirla y pretender
dañar moralmente con imputaciones calumniosas al momento de ser entrevistada
por miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Finalmente la dejaron
fuera de la Suprema Corte de Justicia. Y Danilo Medina se blindó más al poner a
un cuadro del PLD como presidente de esa SCJ.
Es cierto que Abinader anunció, el 16 de agosto del 2020, que
no habrá impunidad de la corrupción pública del pasado ni del presente, pero
una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Todos saben las
implicaciones que generan este tipo de procesos, sobre todo cuando involucran a
personas con poder político, económico y militar. Muchos militares dominicanos
se consideran intocables, aunque tengan un pasado de robo y de sangre.
A Luis Abinader se le percibe como un empresario conservador,
que cree en la oligarquía, que no confronta con nadie y procura, como
gobernante, el desarrollo económico del país haciendo énfasis en el sector
turístico. No es más de ahí.
Es una creencia errónea pensar que Luis Abinader está detrás de enjuiciamientos judiciales de peledeístas corruptos. Con la presión de Estados Unidos a lo más que puede llegar el presidente es a no interferir ante Mirian Germán, que no deja de ser un dolor de cabeza. Pero la propia Germán si verdaderamente quiere actuar con justicia necesariamente debe investigar la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández. Hasta el momento ni la mirada ha dirigido hacia ese litoral, en el cual abundan personajes funestos y generales tenebrosos.
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