ATMÓSFERA DIGITAL, HIGÜEY.- El Tercer Juzgado de la
Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia decidió archivar el
expediente del caso sobre la imputación en contra del empresario Frank Rainieri
Marranzini, interpuesta por Josué Cabral Rodríguez, propietario de los
terrenos usados desde hace 15 años en
operaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC).
La decisión fue tomada este jueves 8 de julio por la magistrada Sindy Rosario, jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia; con la objeción No. 187-1-2021-EPEN-00047 donde se imputa a la Corporación Aeroportuaria del Este y Grupo Puntacana, S.A., correspondientes al Artículo 405 y 406 del Código Procesal Dominicano.
A seguidas, los abogados de la defensa que representan a Cabral, entre los que figuran Miguel Surum Hernández y Pedro Rojo Pache, manifestaron que evidentemente, no están de acuerdo con el fallo de la magistrada, porque consideran que no tomó en cuenta elementos que demostraron que estaba en presencia de un ilícito, de un abuso, de despojo de la propiedad del señor Josué Cabral Rodríguez.
Asimismo, Hernández, adujo que: “Evidentemente, no estamos de acuerdo con el fallo de la magistrada, consideramos que no tomó en cuenta elementos que demostraron que estamos en presencia de un ilícito, de un abuso, de despojo de la propiedad del señor Josué Cabral”.
Sobre si apelarán a la decisión Hernández manifestó que:
“Claro que vamos a recurrir la decisión por ante la corte de apelación, esta
lucha va hasta el final y estamos conscientes de que es con poder que estamos
luchando, y no tenemos ningún tipo de inconvenientes. El fiscal actúa con base
a ese poder y lo que nos resta es aferrarnos a pruebas y al derecho y la
Constitución dominicana”.
La apelación se depositará en la Corte de San Pedro de
Macorís con el propósito de que se haga justicia en el caso de Cabral, adelantó
su abogado defensor, para la recuperación de la parcela 65-B que está ocupada
como pista de aterrizaje por el referido aeropuerto.
Cabral no se rendirá
De su lado, Josué Cabral Rodríguez, propietario de los
terrenos que son usados por Grupo Puntacana como parte del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana (AIPC) expresó que hace mucho tiempo lucha por la
recuperación de los mismos, “mis terrenos los que están ocupando de manera
injusta, hicimos un acuerdo el cual no cumplieron y he venido a la justicia
para que se aclare e investigue, interrogue y analice las cosas que han estado
sucediendo”.
“El Grupo Puntacana y Frank Rainieri Marranzini, quien
preside, fue quien firmó el acuerdo y la firma de su esposa”, exclamó el
querellante.
Acerca del compromiso y la fiabilidad del proceso judicial
desde este Tribunal de la Altagracia aseguró que: “Este ambiente es preciso, la
atmósfera adecuada, hablar aquí ahora de la justicia es comerse una fruta deliciosa, antes era comerse un limón
agrio. Ahora se puede hablar con libertad, se puede expresar e ir a los estamentos
y te abren la puerta”.
Sin embargo, agregó que: “Todos los abogados están
protestando porque hay problemas en el tribunal de tierras para administrar
justicia”.
“Todo lo estamos haciendo de la manera precisa,
constitucional e institucional, claro que creo en la justicia altagraciana, lo
que no creo es en persona que usan su poder e influencia económica para torcer
la justicia, compran y pagan, y, bloquean voluntades y tuercen derechos que les
corresponden a las personas que de manera legal tienen sus derechos debidamente
registrados”, explicó el dueño de los terrenos.
Cabral Rodríguez admitió que tiene 15 años de haber contraído
el acuerdo con la familia Rainieri, “tengo el título de propiedad, una
certificación de estado jurídico de inmueble, el plano catastral que es todo lo
que ampara todos los derechos en una propiedad y que se registran”.
Refiriéndose a Grupo Puntacana y si desea el pago económico o
la devolución del inmueble, sostuvo que: “La que mejor sea posible. Pero si
ellos lo pueden pagar… yo siempre he estado de acuerdo y a ellos los he llamado
muchas veces, porque yo lo posicioné en esa tierra por medio de un acuerdo de
permuta y dice ese contrato que si no se cumplía en 60 días, quedaba nulo con
pleno derecho sin intervención judicial”.
En ese orden, el propietario mostró que posee una orden del
abogado de Estado, fechada en el 2015, “dándole 15 días de plazo fatal donde si
ellos no entregan la propiedad o no pagan el precio justo de su valor, en 15
días le mandarán la fuerza pública para que desalojen”, pero dijo que nunca se
cumplió.
Respecto al valor del inmueble el supuesto agraviado dijo que
según el Artículo 51 de la Constitución de la República, se debe pagar su
precio justo, “no es el que yo elija y el Gobierno ha dado licencia
especializada a los tasadores que son los encargados y auxiliares oficiales del
Estado para dar una valoración justa y adecuada de la propiedad”.
De igual manera, se refirió al expediente de su documentación
personal y aclaró que: “Si estos documentos no son válidos aquí no hay nada que
sirva concerniente a la ley. ¿Para qué están los diputados, los senadores, que
hacen la ley? En 15 años no se me ha acercado nadie, ni un síndico ni un
diputado ni el gobernador de este pueblo”.
En la audiencia de este jueves 8, no se permitió el acceso a la prensa, situación que mermó los ánimos de transparencia e igualdad en la parte querellante.
¿Qué pasó el 20 de mayo en el juzgado?
Recordar que el pasado jueves 20 de mayo el mismo tribunal
aplazó para este jueves 8 la primera audiencia, en las instalaciones de la
Cámara Penal del Distrito Judicial de La Altagracia; donde Josué Cabral reiteró
su intención de que se le devuelvan los terrenos o les paguen la suma de 150
millones de dólares por valor del inmueble.
El proceso judicial depositado como querellamiento por estafa
por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia; Copia del Acuerdo Transacional de Permuta de
fecha Diecisiete (17) del mes de marzo del año 2006 firmado por Josué Cabral
Rodríguez, Reyna Cedeño y Frank R. Rainieri Marranzini.
0 Comentarios
Tu comentario es importante