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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana
de Abogados (ADOMA) valoró de positivo las decisiones del Tribunal
Constitucional (TC) al arribar a su decimoprimer aniversario de fundación.
En ese sentido, el titular de ADOMA, Jhonny Aristy Tejeda,
precisó que las decisiones de la Alta Corte han contribuido al fortalecimiento
y desarrollo progresivo del Sistema de Justicia Dominicano en cuanto a la tutela
y garantía de los derechos de las personas.
Resaltó que el Tribunal Constitucional ha progresado significativamente en cuanto al fortalecimiento del Sistema de Justicia y las garantías de las personas, aunque hay desafíos pendientes en cuando la ejecutoriedad de las sentencias.
El abogado destacó que, como órgano supremo de interpretación
y control constitucional, el mismo ha interpretado la Constitución consuno a la
misión propia del Tribunal Constitucional, que es “garantizar la supremacía de
la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los
derechos fundamentales”
Aristy Tejeda eterno que, aunque sus decisiones que
constituyen como precedentes vinculantes a los poderes públicos y todos los
órganos del Estado, aun presentan desafíos por las dificultades de las
ejecutoriedades de las sentencias.
“Aspiramos que esos desafíos inconclusos, puedan superarse
para la garantía plena de los derechos fundamentales de la población con la
búsqueda eficiente de mecanismos de la ejecución de las decisiones”, explicó.
“La constitución es un pacto social, valores, normas y
principios constitucionales que están regidos para regir la vida de todos los
asociados, o sea toda la población, en un verdadero proyecto de nación”, agregó
el presidente de ADOMA.
Acerca del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional fue creado en 2010 por mandato de
la Constitución de la República, en su artículo 184, y se acoge a la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales 137-11,
promulgada el 13 de junio de 2011 y modificada por la Ley 145-11.
Instalado oficialmente el 26 de enero de 2012, coincidiendo con el natalicio de Juan Pablo Duarte, es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
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