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Por Orlando Arias.
ATMÓSFERA DIGITAL,
SANTO DOMINGO, (31/12/2025).- Diversos sectores
reaccionaron alarmados ante la reciente información de la Dirección General de
Aduanas (DGA) que da cuenta de la considerable cantidad de impuestos dejados
de pagar por comerciantes chinos en el país, por lo que advirtieron que el
Gobierno no necesitan una reforma fiscal que cargue aún más a la población, sino
aplicar con firmeza las leyes vigentes para frenar la evasión fiscal.
Señalan que la evasión de impuestos
por parte de numerosos establecimientos comerciales de origen chino
constituye una sangría millonaria para las finanzas públicas, privando al Estado
dominicano de recursos suficientes para fortalecer los servicios básicos,
sin necesidad de crear nuevos impuestos ni afectar a los trabajadores y
pequeños contribuyentes.
De acuerdo con datos divulgados por la
Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), hasta un 95 % de los comercios chinos
en el país operaría fuera de los niveles adecuados de formalización, sin
emitir comprobantes fiscales válidos, sub declarando ingresos y evadiendo
el pago del ITBIS, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos
establecidos por la ley.
Según la FDC, se estima que más del 80
% de la mano de obra utilizada en estos establecimientos no estaría
debidamente registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Al respecto, han levantado su voz,
además de la FDC, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la
Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines
(ASONAIMCO), la
Coalición Dominicana por la Competencia Justa (CODOCON), el Consejo Nacional de
Comercio en Provisiones (CNCP) y la Asociación de Mayorista de Provisiones de
Santo Domingo (AMAPROSADO), entre otras entidades.
En múltiples ocasiones gremios
empresariales de la República Dominicana, han manifestado su respaldo a las
fiscalizaciones que realiza la DGA a comercios de origen chino.
Argumentan que estas
acciones son fundamentales para garantizar una competencia justa y enfrentar la
evasión fiscal.
Sostienen que estas prácticas
se realizan, en muchos casos, ante la permisividad o falta de fiscalización
efectiva por parte de las autoridades competentes, generando una grave
distorsión del sistema tributario y una competencia desleal que afecta a los
comerciantes nacionales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
Mientras tanto, afirman
"al trabajador dominicano y a los pequeños y medianos contribuyentes se
les exige cumplir rigurosamente con el pago de impuestos, grandes evasores, en
su mayoría chinos, continúan operando prácticamente sin controles, lo que constituye una
profunda injusticia social y debilita la confianza en el sistema impositivo"
Precisan que las cifras
oficiales respaldan sus preocupaciones, en tal sentido detallan que el más
reciente informe de la Dirección General de Aduanas (DGA) da cuenta de que realizó
más de 130 auditorías a importadores asiáticos, detectando diferencias fiscales
superiores a los RD$4,500 millones, dinero que había sido evadido mediante
subvaluación de mercancías y otras prácticas irregulares. Solo en auditorías
recientes se han recuperado más de RD$1,500 millones a favor del Estado
dominicano.
Los sectores denunciantes explican
que cada peso evadido en impuestos se traduce directamente en menos
recursos para combatir la pobreza, reducir la criminalidad, generar
empleos y mejorar los servicios de salud, educación, vivienda y seguridad
social, afectando de manera directa la calidad de vida de la población.
Advirtieron, además,
que el daño es doble, ya que una parte significativa de los recursos que no se
pagan en impuestos no se reinvierte en la economía nacional, sino que es
transferida al exterior hacia los países de origen de esos comerciantes,
debilitando aún más el desarrollo económico interno y la capacidad del Estado
para responder a las demandas sociales.
A esta situación
—señalan— se suma la persistente falta de controles, transparencia y rendición
de cuentas en diversas instituciones públicas, donde el despilfarro, la mala
administración y los
actos de corrupción continúan afectando el uso eficiente de los recursos del
Estado.
En ese contexto, las
entidades firmantes hicieron un llamado directo al Gobierno para que abandone
cualquier intento de reforma fiscal regresiva y concentre sus esfuerzos en
combatir de manera
frontal la evasión tributaria del comercio chino, fortalecer la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), intensificar las auditorías, aplicar la
ley sin privilegios y garantizar un régimen real de transparencia en la
administración pública.
Finalmente,
insistieron en que la República Dominicana no necesita más impuestos, sino más
justicia fiscal, controles efectivos y un Estado que garantice que todos, sin
excepción, paguen lo que le corresponde conforme a la ley.
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