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ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO, (21/01/2026).- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) manifestó su alta
preocupación ante las denuncias formuladas por el Instituto Duartiano y por el
ex presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, en
relación con supuestas pretensiones de organismos internacionales de incidir
para revertir los efectos de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
CODUE manifestó que toma «nota con expectativa», la postura expresada por
el canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX) no tiene intención de revertir el fallo constitucional, y
que dicha declaración se traduzca en una línea de acción clara, coherente y
consistente en todos los ámbitos donde se represente al país.
Feliciano Lacen Custodio, representante del CODUE, coincide con las alertas expresadas
por Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y con las
declaraciones de Ray Guevara en cuanto a la importancia de mantener vigilancia
cívica frente a cualquier iniciativa que intente imponer pautas externas en
materia migratoria y constitucional, áreas que competen de manera exclusiva al
ordenamiento jurídico dominicano.
"Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a preservar la
institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y no
bajar la guardia ante escenarios que puedan comprometer la soberanía nacional,
reiterando su disposición a dar seguimiento responsable a este tema de interés
país", afirmó Lacen Custodio.
El pastor Feliciano Lacen Custodio, advirtió que dichas versiones, de
confirmarse, resultarían lesivas para la soberanía jurídica e institucional de
la República Dominicana, al pretender desconocer una decisión constitucional
que estableció criterios claros para la depuración del Registro Civil y la
correcta aplicación de un plan de control y regularización, conforme al marco
legal vigente.
La entidad evangélica recuerda que la Sentencia 168-13 respondió a la
necesidad de ordenar el sistema registral, garantizar seguridad jurídica y
respetar el Estado de derecho, sin perjuicio de la implementación de políticas
públicas de documentación para todas las personas que residen en el país, ya
sean nacionales o extranjeros, en condición regular o irregular, de acuerdo con
la ley.
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