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ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO, (29/01/2026).- El presidente Luis Abinader aprobó este miércoles, mediante el Decreto
52-26, el nuevo Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de
Contrataciones Públicas, marcando el inicio de un nuevo ciclo de transformación
hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable
frente a la ciudadanía.
Durante un acto en el Palacio Nacional, con la presencia de ministros,
directores generales y autoridades de los órganos de control y del Ministerio
Público, el presidente Abinader reiteró que, a partir de hoy, cada institución
sujeta al ámbito de aplicación de la Ley deberá ajustar su gestión contractual
al nuevo marco normativo de manera obligatoria.
Nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia y
fortalece los controles
El presidente aseguró que el nuevo sistema refuerza la planificación,
mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de
prevención, en consonancia con el compromiso asumido al inicio de su gestión de
fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y cerrar los
espacios donde históricamente se ha producido el abuso, la improvisación y la
falta de controles.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca
fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más
previsible y más confiable”, subrayó Abinader, tras afirmar que la nueva ley
consolida un modelo de gestión donde las decisiones dejan rastro, tienen
responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.
En su discurso, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la
República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza,
competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanezcan
más allá de cualquier gobierno.
Un Estado que aprende a funcionar con normas claras
“El verdadero cambio no es una ley nueva, sino un Estado que aprende a
funcionar con normas claras y permanentes”.
“Este gobierno ha apostado a algo fundamental: que las instituciones sean
más fuertes que las personas; que las reglas sean más duraderas que los cargos;
que el interés general esté siempre por encima de cualquier conveniencia
particular. Ese es el país que creemos. Ese es el país que estamos
construyendo”, agregó el presidente.
El mandatario también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por
la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica
del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible el nuevo marco
normativo, el cual contribuirá al fortalecimiento institucional del país.
Abinader reiteró que, en esta fase de implementación, el Gobierno
acompañará a las instituciones, capacitará a los servidores públicos y a los
proveedores, y dará las orientaciones necesarias para la correcta aplicación de
la ley.
Carlos Pimentel
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos
Pimentel, valoró de manera especial el respaldo decidido del mandatario para la
aprobación de la reforma. También aseguró que, bajo el liderazgo del presidente
Abinader, la transparencia ha dejado de ser un discurso para convertirse en una
política pública con resultados concretos.
Dijo que la presencia de la Procuraduría General de la República, la
Unidad Antifraude y los órganos de control del Estado es una muestra de que “la
nueva ley no caminará sola: caminará acompañada de instituciones comprometidas
con la legalidad y la rendición de cuentas”.
Aseguró a los ministros y titulares de instituciones que la reforma está
diseñada para fortalecer su labor, brindar mayor seguridad jurídica y elevar
los estándares de la gestión pública, mientras que a la ciudadanía le garantiza
que cada contratación responda al interés general y no a intereses
particulares.
El titular de la DGCP explicó que la implementación de la nueva ley se
realizará de manera gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma
aprobado, garantizando la correcta adaptación institucional y el
fortalecimiento de las capacidades técnicas.
Garantes de la aplicación de la normativa
“Seremos garantes de la aplicación uniforme de la normativa, del respeto
a sus principios y del cumplimiento de los estándares de transparencia,
eficiencia y legalidad, porque el país merece un sistema de contrataciones
públicas moderno, confiable y al servicio del interés general”.
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