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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (14/05/2026).- El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), a través de su “Comité Económico Consultivo”, presentó este jueves al país un conjunto de propuestas técnicas, económicas y administrativas orientadas a demostrar que el Estado dominicano puede reorganizar sus prioridades fiscales y obtener más de RD$40,000 millones sin necesidad de afectar el financiamiento público de los partidos políticos ni debilitar el sistema democrático nacional.
La exposición principal estuvo a
cargo de Pelegrín Castillo Semán, coordinador general de Comisiones del
FOPPPREDOM, quien se hizo acompañar de un selecto grupo de técnicos,
economistas, especialistas en finanzas públicas y representantes de las distintas
organizaciones políticas que integran ese espacio plural de concertación
democrática.
El FOPPPREDOM explicó que la
propuesta parte de un principio fundamental: el financiamiento público de los
partidos políticos no constituye un privilegio, sino una garantía
constitucional orientada a preservar el pluralismo político, la equidad
electoral, la transparencia y la estabilidad democrática de la República
Dominicana.
En ese sentido, la entidad sostuvo
que existen múltiples áreas dentro del gasto público susceptibles de
reorganización, racionalización y optimización, cuyos ajustes permitirían
generar ahorros y nuevos ingresos superiores a los montos que actualmente se
pretende reducir al sistema de partidos.
Entre las medidas que fueron
presentadas al país figuran: la reducción sustancial del gasto en publicidad
gubernamental, la revisión de gastos de representación, viáticos y uso
discrecional de fondos públicos, la racionalización de alquileres estatales, la
eliminación de duplicidades administrativas, la revisión de exenciones fiscales
improductivas, así como un conjunto de mecanismos orientados a mejorar la
eficiencia recaudatoria y combatir la evasión tributaria.
El Comité Económico Consultivo
también propuso las medidas de reorganización presupuestaria dirigidas a
fortalecer la eficiencia del gasto corriente, mejorar los controles sobre
compras y contrataciones públicas y redireccionar recursos hacia áreas
estratégicas sin necesidad de afectar instituciones fundamentales para el
equilibrio democrático.
El FOPPPREDOM indicó que diversos
economistas, académicos y analistas nacionales han coincidido en que el Estado
dominicano sí dispone de márgenes suficientes para realizar ajustes fiscales
inteligentes sin recurrir a decisiones que puedan generar un debilitamiento
institucional del sistema político.
La organización recordó que los
partidos políticos son instituciones de rango constitucional y que el
financiamiento público constituye un mecanismo internacionalmente reconocido
para reducir la dependencia de intereses privados, fortalecer la transparencia
y garantizar condiciones mínimas de competencia democrática.
Asimismo, advirtió que nuevas
reducciones al financiamiento político podrían afectar seriamente la
operatividad administrativa, organizativa y educativa de las organizaciones
políticas, especialmente en un contexto preelectoral marcado por procesos
internos de candidaturas, precampañas y reorganización institucional de cara a
las elecciones de 2028.
“El costo de la democracia jamás
puede ser visto como un gasto innecesario. Mucho más costoso para cualquier
nación resulta el debilitamiento de sus instituciones democráticas y el
deterioro progresivo del sistema de representación política”, expresó el
FOPPPREDOM en un documento preliminar.
La entidad informó que durante la
rueda de prensa fueron presentados cuadros comparativos, estimaciones
económicas y propuestas concretas orientadas a evidenciar que una adecuada
reorganización del gasto público permitiría alcanzar importantes niveles de
ahorro sin afectar el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El encuentro con la prensa se
desarrolló en un ambiente de apertura institucional y diálogo democrático,
reafirmando el compromiso del FOPPPREDOM con la estabilidad política, la
institucionalidad constitucional y la defensa del pluralismo partidario en la
República Dominicana.
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