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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO
DOMINGO, (08/09/2026).- El proyecto de ley que regula los juegos de azar en la
República Dominicana, aprobado por la Cámara de Diputados, introduce un
blindaje sin precedentes para proteger a la infancia y la juventud.
La nueva
normativa establece la obligación estricta de que todos los operadores de
apuestas por internet verifiquen la identidad y la mayoría de edad de cada
usuario consultando directamente la base de datos de la Junta Central Electoral
(JCE) antes de autorizar cualquier depósito o apuesta.
Esta
disposición, detallada en el artículo 82, elimina el obsoleto mecanismo actual, donde basta con marcar una casilla declarativa para ingresar a un sitio web, y
lo sustituye por un cruce de datos biométricos y de registro civil con la
fuente oficial del Estado dominicano.
Cerco
total en entornos físicos, colmados y publicidad
La
protección a los menores de 18 años se extiende de forma integral al entorno
físico y comercial a través de un riguroso régimen de prohibiciones:
Control
de acceso estricto: El artículo 27 prohíbe de forma taxativa la entrada de
menores a salas de juego y el artículo 28 obliga a los establecimientos a
exigir un documento oficial de identidad en la puerta de entrada.
Erradicación
de tragamonedas ilegales: El artículo 70 prohíbe de forma expresa la instalación
de máquinas tragamonedas en locales de ocio o expendio de alimentos y bebidas
accesibles para menores de edad, mencionando específicamente a los colmados.
Restricción
publicitaria: El artículo 37 prohíbe cualquier tipo de campaña publicitaria dirigida
a menores o diseñada con elementos gráficos y narrativos que resulten
atractivos para este segmento vulnerable.
Pérdida
de la licencia como sanción máxima
La gran
diferencia de este proyecto frente a las leyes vigentes radica en la
contundencia de sus consecuencias. El artículo 44 tipifica la falta de
controles efectivos para evitar la participación de menores como una causal
directa para la cancelación o revocación de la licencia.
Bajo este nuevo marco
jurídico, el operador que falle en proteger a los menores no se enfrentará a
una simple multa económica, sino al cierre definitivo de su negocio mediante la
pérdida del título habilitante para operar en el país.
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