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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO
DOMINGO, (25/09/2026).- “Ningún país del Caribe puede
responder, por sí solo, a un mar que compartimos y sus cambios por efecto del
cambio climático, necesitamos construir una acción regional más concertada y
basada en datos, con planes de adaptación costera reducción del riesgo para las
comunidades, protección de las personas, planificación de los posibles
desplazamientos y financiamiento”.
Así se
expresó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio
Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, al participar en la sesión sobre el
aumento del nivel del mar de la 4ta Cumbre sobre Movilidad Climática,
organizada en Nueva York, al margen del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas por el Centro Global para la Movilidad
Climática.
En su
intervención, Puig recordó que la República Dominicana, como pequeño Estado
Insular en desarrollo con más de 1,500 kilómetros de costa, con poblaciones de
alta concentración, infraestructuras y actividades económicas vitales en zonas
costeras, está altamente expuesta a los riesgos que impone el alza continua del
nivel del mar.
“Pero
República Dominicana se rehúsa a ser definida solo por su vulnerabilidad, de
hecho, somos también una nación de soluciones, por eso hemos reconocido los
Principios Globales para Abordar la Movilidad Climática, pero lo hacemos desde
nuestra perspectiva caribeña, demandando a esta Cumbre y a la comunidad
internacional tres compromisos fundamentales: financiamiento para la adaptación
que sea adecuado y accesible; marcos de cooperación regional que honren la
soberanía y dignidad de las personas; y transición económica verde que cree
empleos para nuestra juventud”, dijo.
Puig
detalló que las proyecciones muestran que el nivel del mar continuará
aumentando durante este siglo, con efectos que combinan erosión costera,
intrusión salina, inundaciones y marejadas, así como con el deterioro de
manglares, arrecifes y playas que protegen comunidades y sostienen actividades
como la pesca y el turismo.
“Más de
9.000 pescadores y sus familias dependen de arrecifes coralinos que, al
degradarse, hacen que perdamos la barrera natural frente al oleaje y por tanto,
miles de empleos, ingresos, seguridad alimentaria y la posibilidad de
permanecer en las comunidades costeras que han sustentado a miles de familias,
su acervo cultural y su memoria histórica, generación tras generación”, apuntó.
Max
Puig aportó cifras precisas sobre la movilidad climática en el Caribe y dijo
que solo entre 2017 y 2022, los registros nacionales reportaron más de 79.000
personas desplazadas por desastres, pero estos desplazamientos “se han
relacionado principalmente con eventos de aparición súbita, pero los procesos
de evolución lenta, incluido el aumento del nivel del mar, pueden modificar
gradualmente la habitabilidad y las oportunidades económicas”.
En la
región, el Modelo de Movilidad Climática para el Gran Caribe, desarrollado por
Centro Global para la Movilidad Climática, proyecta que en 2050 alrededor de
8,2 millones de personas podrían desplazarse de manera permanente debido a los
impactos económicos del cambio climático, y que la mayoría de ellas, casi 6
millones, lo harían dentro de sus propios países.
“Si
bien estas cifras no son predicciones, ayudan a anticipar posibles presiones
sobre comunidades de origen y destino, vivienda, infraestructura y servicios”.
El
vicepresidente ejecutivo del CNCCMC, Max Puig, insistió en que las islas, por
sí solas, no pueden resolver la crisis climática global, por lo que se necesita
de un compromiso global respaldado por la acción, “para que no sólo salgamos de
estas cumbres con esperanzas, sino con compromisos concretos.
El
Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono viene
trabajando, junto al Centro Global para la Movilidad Climática, en el diseño de
políticas públicas y mecanismos de cooperación internacional que aseguren la
protección de las personas y su patrimonio cultural ante los efectos del cambio
climático sobre los territorios y comunidades más vulnerables.
Este
jueves, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre
el Aumento del Nivel del Mar, que busca mejorar la información sobre los
riesgos, reforzar la adaptación y la financiación y proteger a las comunidades
más expuestas. En la práctica, esa información puede servir para decidir dónde
y cómo construir infraestructuras, qué zonas necesitan mayor protección y qué
servicios deben reforzarse antes de que aumenten las inundaciones.
El
texto de la declaración también pide proteger, preservar y documentar el
patrimonio histórico y cultural de las comunidades que pudieran verse afectadas
por las subidas del nivel del mar, tales como tierras tradicionales,
cementerios, lugares sagrados, sitios arqueológicos y paisajes costeros de
importancia cultural.
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