La embajadora del Reino de España
ante el gobierno dominicano,
María de la Almudena Mazarraza,
ha revivido la controversia
alrededor de la seguridad
jurídica nacional para las
inversiones extranjeras.
Sus declaraciones comporta dos
elementos que entran en discusión.
Primero, la vieja disputa en
defensa de la soberanía nacional
al considerar como injerencia toda declaración de un dignatario
extranjero que se inmiscuye en asuntos internos del Estado receptor,
lo que está vedado por la práctica
y usos de la diplomacia.
Y segundo, el contenido mismo de su
opinión que reitera una postura
que no es sólo de la representante
ibérica, sino de otros colegas del
cuerpo diplomático y de no pocos
analistas desapasionados y especialistas
en conflictos de intereses: es fragíl la seguridad jurídica, no hay garantias de constancias en el predominio de los negocios
jurídicos.
Con las frecuentes opiniones de funcionarios
del gobierno y agencias de los Estados Unidos
de América, que ya no causan tanto escándalo,
se ha echado por la borda ese nacionalismo a
ultranza, quizá por la dependencia económica,
política, social y hasta cultural del país
hacia la potencia norteña del Tío Sam.
Esos funcionarios, al concluir su misión
en el país, casi siempre se destapan con
declaraciones evaluativas y de críticas
a las debilidades institucionales de que
adolece el Estado nacional y los órganos
del gobierno. No hay nada nuevo, pecaminoso
ni mentiroso.
La inseguridad jurídica es evidente en tantos
contratos que luego son incumplidos o violados,
ni decir de otros que son lesivos para el país,
también evidencian esa falta de garantías desde
el punto de vista legal.
En pocas palabras, la embajadora tiene razón.
PUNTOS Y PICAS: Carlos Manuel Estrella, periódico La Información,22-02-2007.
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