INJERENCIA Y SOBERANíA

La embajadora del Reino de España ante el gobierno dominicano, María de la Almudena Mazarraza, ha revivido la controversia alrededor de la seguridad jurídica nacional para las inversiones extranjeras. Sus declaraciones comporta dos elementos que entran en discusión. Primero, la vieja disputa en defensa de la soberanía nacional al considerar como injerencia toda declaración de un dignatario extranjero que se inmiscuye en asuntos internos del Estado receptor, lo que está vedado por la práctica y usos de la diplomacia. Y segundo, el contenido mismo de su opinión que reitera una postura que no es sólo de la representante ibérica, sino de otros colegas del cuerpo diplomático y de no pocos analistas desapasionados y especialistas en conflictos de intereses: es fragíl la seguridad jurídica, no hay garantias de constancias en el predominio de los negocios jurídicos. Con las frecuentes opiniones de funcionarios del gobierno y agencias de los Estados Unidos de América, que ya no causan tanto escándalo, se ha echado por la borda ese nacionalismo a ultranza, quizá por la dependencia económica, política, social y hasta cultural del país hacia la potencia norteña del Tío Sam. Esos funcionarios, al concluir su misión en el país, casi siempre se destapan con declaraciones evaluativas y de críticas a las debilidades institucionales de que adolece el Estado nacional y los órganos del gobierno. No hay nada nuevo, pecaminoso ni mentiroso. La inseguridad jurídica es evidente en tantos contratos que luego son incumplidos o violados, ni decir de otros que son lesivos para el país, también evidencian esa falta de garantías desde el punto de vista legal. En pocas palabras, la embajadora tiene razón. PUNTOS Y PICAS: Carlos Manuel Estrella, periódico La Información,22-02-2007.