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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación
Ciudadana (PC) deploró este domingo que el Gobierno del presidente Danilo
Medina no ha cumplido hasta el momento con el Pacto de Transparencia e
Institucionalidad, firmado para fortalecer la administración pública.
PC dijo que en el protocolo que firmó el mandatario y
Margarita Cedeño con la institución antes de ser elegidos presidente y
vicepresidenta de la República, plantea darle cumplimiento e impulsar 21 puntos,
que incluye medidas contra la corrupción.
El movimiento cívico reveló a través de un comunicado
que ha monitoreado al “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad”,
desde el 16 de agosto del 2012 al 28 de febrero del 2013, con el objetivo de
dar seguimiento a su cumplimiento y presentar un Primer Informe al país sobre los avances,
retos y dificultades en la ejecución de los compromisos asumidos por el Medina.
Señaló que se observa una débil acción del gobernante para asumir las obligaciones asumidas,
ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales el 63 por ciento han sido incumplidas, el 27
por ciento están en proceso y sólo el 9.9 por ciento se valora como cumplida.
Resultados del Cumplimiento del Protocolo por la
Transparencia e Institucionalidad
No cumplió con la estandarización de las informaciones
en los portales Web de las instituciones públicas en el plazo de los 150 días de gestión como
indicaba el Protocolo, lo que
evidencia que aún no se implementa el proceso de sistematización
de la información.
No se aplica la Cuenta Única del Tesoro de manera
integral por lo que no se ha dado
cumplimiento en el plazo de ciento
treinta días (130) pautado.
A la fecha varias estructuras orgánicas de la
administración pública fueron eliminadas y otras fueron unificadas, pero la nómina pública no ha sido reducida por
este concepto, muy por el contrario ha ido en aumento, no sólo en número de
personas sino también en el monto de los salarios. Las medidas de disminución
de estructuras orgánicas no son significativas, dado el impacto de desempeño de
las mismas y las pronunciadas
duplicidades existentes, llama la atención la creación de una serie programas,
comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades.
En relación a
los nombramientos ministros y viceministros, lamentamos la violación del
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece de
manera clara y precisa, que la ley determinará los que se necesitan en cada
ministerio y nunca más de seis, lo que quiere decir que previo a la designación
de un tope de seis viceministros, la administración pública debió contar con un marco normativo que indique sobre la base del principio de
racionalidad, cuántos y cuáles
viceministros necesita cada ministerio de acuerdo a un perfil establecido y las
competencias requeridas.
Pero más grave aún es el hecho que si bien se han
suprimido mediante Decreto al menos
137 posiciones a viceministros y
subdirectores generales, lo que aparenta ser una formalidad ya que se ha
identificado en algunos casos que los ministros y viceministros salientes han
sido nombrados asesores o reubicados en funciones creadas, situación que supera
la racionalidad administrativa y desdice de la austeridad proclamada
y el sacrificio solicitado al pueblo dominicano.
No se ha realizado ninguna acción para asegurar que el
servicio exterior transite el camino de la profesionalización.
En torno a las
Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes, que
debieron realizarse en los treinta {30) días siguientes a su nombramiento, de
los 21 Ministerios, se ha podido
determinar que 14 ministros han depositado su declaración jurada de bienes. Los siete restantes no se identifican puesto
que no están disponibles en el portal de transparencia del Ministerio
correspondiente. Tales son los casos de
los Ministerios de Educación Superior, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Obras Públicas,
Salud Pública y Trabajo.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha impulsado por decreto mediante la creación de la Dirección de Ética
e Integridad Gubernamental el
seguimiento a los funcionarios salientes y entrantes a la presentación jurada de bienes y
recomendar sanciones a aquellos que no han cumplido con la ley, así como
mediante el numeral 6 del Código de Pautas Éticas, para que los funcionarios
públicos depositen en detalle sus declaraciones juradas.
En relación a
las Iniciativas Legislativas Pendientes: Ley Integral de Declaración Jurada de
Bienes, Enriquecimiento Ilícito, Ley
General de Salarios. Lamentamos que por
sexta vez se somete el proyecto de ley
sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito y aun no es
aprobado no obstante el amplio consenso de esta pieza legislativa. Igual suerte corre el Proyecto de ley de
Salarios, el cual continúa en un limbo
en el Congreso Nacional.
Las acciones y políticas de Prevención según Ley de
Función Pública y Ley de Compras y Contrataciones.
En relación al impulso de la Transparencia en las
Industrias Extractivas. A la fecha no registramos ninguna acción o política
concreta para el impulso desde el Gobierno dominicano de la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI), la cual
tiene como propósito monitorear este sector
para aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas y
entidades ligadas al gobierno así como también aumentar la transparencia sobre
los ingresos recibidos por las
operaciones en el país.
En cuanto a la
austeridad en el uso de la publicidad gubernamental es importante reconocer que
se percibe una disminución sustancial del gasto
en publicidad oficial, por lo que en éste renglón se puede valorar que
se ha cumplido con este compromiso, con mínimas excepciones.
Está pendiente, que la Dirección General de
Comunicación (DICOM) diseñe la normativa que regulará los gastos
de publicidad y propaganda del sector público,
para que publicaciones gubernamentales
sean realizadas con criterios racionales y útiles a la ciudadanía.
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