
Gutiérrez Félix expresó que las
acusaciones publicadas en ese medio de comunicación tienen la intención de
perjudicar el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que
preside Danilo Medina.
“No tengo ningún temor de ir a los
tribunales como superintendente de Seguros. Esa intimación y acusaciones son
contra el gobierno del PLD. Es a él que están emplazando creyendo van a
atemorizar a mis compañeros. No me van a atemorizar y menos con el apoyo masivo
del sector asegurador”, subrayó el funcionario.
Gutiérrez Félix declaró que no se le
puede exigir al gobierno que se le haga entrega de dinero o reconozca acuerdos
realizados al margen de la Superintendencia con el Banco Central, hechos
durante el proceso de liquidación, misma que fue ordenada por las autoridades
de la Superintendencia del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD).
Indicó que el proceso de liquidación
tiene aún cerca de 4000 acreedores, nacionales e internacionales de Segna, S.A.
en términos personales, a los que hay que pagarles seguros de vida, accidentes,
incendios, entre otros.
Dijo que la aseguradora tiene
acreedores internacionales engañados por SEGNA y a otras instituciones
financieras, como bancos, a quienes adeuda cerca de 200 millones de pesos.
En el caso de los acreedores
internacionales, señaló que algunas han sido satisfechas en sus pagos porque
consiguieron sentencia en los tribunales dominicanos, por lo que se vio
“obligado a patear el monto” y a exigir la liquidación de la compañía, y de esa
manera reducir el pago a un 25 por ciento.
Informó que el dinero recuperado, en
propiedades y cuentas, se ha ido utilizando para pagar a los acreedores de
Segna, a razón de la decisión como encargado de la Superintendencia de Seguros,
amparado en las disposiciones de la ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la
República Dominicana.
“Es una ley de carácter especial que
crean instituciones como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la
Superintendencia de seguros. No puedo como liquidador violar esa ley por
complacer al señor Arturo Pellerano”, recalcó en referencia al propietario en
términos mayoritario de la aseguradora SEGNA y presidente de OMNIMEDIA.
El funcionario enfatizó que el
presidente de la empresa de comunicaciones debería permanecer en prisión dado a
la disposición ilegal de unos 26 millones de dólares de la reserva técnica que
“debería estar en el país en manos del estado”.
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