El director ejecutivo y responsable
de América de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en una conferencia en el Centro de
Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) que la decisión del
Constitucional dominicano y el compromiso del Gobierno de aplicarla son una
violación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos al crear personas
"sin Estado".
El Constitucional dominicano resolvió
en septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la
República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como
ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres
estaban en el país "en tránsito".
Vivanco recordó que "la ley
internacional deja claro que un Gobierno no puede implementar leyes que
conduzcan a la creación de personas apátridas o parias", algo que en su
opinión provocaría la aplicación de ese fallo al dejar a personas dentro de una
misma isla sin nacionalidad dominicana o haitiana.
HRW estimó que unas 240.000 personas
se verían afectadas por la aplicación de esta sentencia.
El representante de la ONG consideró
que estas medidas crean un estado de "permanente ilegalidad".
HRW subrayó que los haitianos en la
República Dominicana ya son utilizados como mano de obra barata, como
ciudadanos de segunda clase, y esta nueva decisión judicial "es una
oportunidad para más abusos y extorsión".
Vivanco consideró que la sentencia
-que no se puede recurrir- y su aplicación por parte del Gobierno "refleja
tendencias racistas de importantes sectores de la población dominicana".
El representante opinó que aún hay
instrumentos para detener la implementación, como que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CorteIDH) pida la suspensión de la ejecución de la
sentencia, porque "tiene la autoridad legal".
Además, el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) podría presionar al país caribeño para
que "adopte una legislación que suspenda la implementación de la
sentencia".
Representantes de la embajada
dominicana en Washington indicaron en el encuentro que el número de afectados
será mucho menor a lo estimado por HRW, "solo unos varios miles",
mientras que afirmaron que la ley haitiana permite que por consanguinidad
aquellos descendientes haitianos en el extranjero adquieran la nacionalidad
haitiana automáticamente.
"No es una decisión clandestina,
ni (unilateral) del Poder Ejecutivo del Gobierno. Marca un precedente para
resolver un serio problema migratorio... se va a aplicar en su totalidad",
resumieron. EFE
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