c.simon25[@]hotmail.com
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Estaba yo en la sala augusta
de la Universidad Albacete de la cálida ciudad de Bogotá en Colombia junto a un
nutrido grupo de jueces, fiscales, juristas, abogados y académicos dominicanos
en ocasión del diplomado intenso de Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional dentro del contexto de la maestría que en esa ocasión algunos
cursábamos.
Exponía la maestra Geacomete Ferrer sobre la acción de amparo como
garantía judicial de los derechos fundamentales, quien sostuvo que el nuevo
proceso penal ha entrado en crisis en América Latina, fue entonces que
intervine para afianzar su criterio indicando que en nuestro país la justicia
penal estaba al borde del colapso, porque los actores del sistema están
desarticulados, apostando más al trámite procesal que a la resolución eficaz
del conflicto penal, mientras los jueces garantistas del derecho a la libertad
como regla están siendo acosados por una política criminal del Ministerio
Público centrada en la prisión como primera y principal medida de coerción
mientras la Policía se bate en las calles con los sospechosos en justicia
callejera y un sector de la opinión pública atiza las contradicciones impulsada
por los apologistas del doctrinario alemán Gunther Jacob, quien sostiene que el
delincuente no es ciudadano sino enemigo y como tal hay que combatirlo hasta
eliminarlo de la sociedad porque no tiene derechos y al delinquir ha dejado de
ser persona.
Una voz estridente tronó a mi espalda, ¡protesto! Era el actual
procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien
seguido de tres o cuatro corifeos presentes allí se tomaron los once minutos
más extensos de mi vida lanzando improperios contra mí sin uno solo afrontar mi
opinión.
Es de Cicerón la estrategia de abuchear al contrario cuando
carezcas de argumentos y de Carl Marx la opinión que el desaforado sustituye
con gritos la falta de argumentos, por eso luego de los gritos continué
desarrollando la idea de que el proceso dominicano, semejante al resto de
Latinoamérica, manda reformular la política penal hacia la prevención, que
tenemos cuarenta y dos cárceles y veintiséis mil presos, con cincuenta y siete
por ciento preventivos, mientras los legisladores aumentan las penas, reducen
las garantías y los fiscales en un ochenta y siete por ciento de los casos en
investigación solicitan prisión preventiva; hay más crímenes horrendos, más
asaltos, más violencia, más inseguridad y los imputados de corrupción
administrativa son espectadores de una justicia que no los puede alcanzar.
Entonces, decía yo y sigo pensando, hay que cambiar de método.
Modular la estrategia estatal, ajustar la política penal a los mandos
constitucionales.
Esto no fue contestado porque los gritos contra la persona
apagaron el debate de las ideas y la maestra Geacomete, impactada ante
semejante reacción, continuó su brillante intervención sin referirse más al
tema, hasta culminar con una admonición lapidaria: “y sin embargo, el colapso
se advierte”.
En este momento la República Dominicana es testigo de una
confrontación útil y necesaria entre la jueza titular del Juzgado de Atención
Permanente y la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, que es ante la gente
como una especie de la fiscalía de las fiscalías del país. La primera acusa a
esta última de haberla ultrajado mientras ejercía el Derecho Procesal al
recusarla por alegada parcialidad en ocasión de una vista celebrada por
petición del ciudadano Víctor Díaz Rúa, imputado por presunta corrupción
mientras fungía como ministro de Obras Publicas en el gobierno recién pasado.
Esa confrontación no hubiese trascendido a no ser por la
trascendencia del imputado, del caso y de los actores, puesto que es normal que
un juez sea recusado y es usual que este reaccione ante una presunta ofensa, a
lo que el legislador les ha provisto solución.
El punto radica en que ese conflicto hay que verlo más allá de la
superficie de un enfrentamiento entre dos mujeres, porque es la punta de un
sector de justicia en crisis.
Que si lo negamos corremos el riesgo de perder lo que hemos
logrado en diez años de remoción desde la entrada en vigencia del ya no nuevo
proceso penal que marcó las pautas para darnos una Constitución moderna, la más
nueva y más moderna del mundo, como base política que normara el desarrollo
social, económico y cultural del país.
El servicio de justicia penal hay que remozarlo para ajustarlo al
Estado Social que prioriza a las personas sobre las instituciones, para que los
jueces de Paz sean los que juzguen todos los casos de delitos correccionales en
libertad provisional a fin de tener menos presos preventivos descongestionando
las cárceles, para que el personal penitenciario pueda dar un mejor servicio a
los humanos que allí existen, los jueces de la Instrucción y de Primera
Instancia puedan concentrar su trabajo solo en los casos criminales para
aumentar la eficiencia del servicio y las cortes de apelación conozcan en
segundo grado solo aquellos asuntos provenientes de Primera Instancia mientras
estos conocerían de las apelaciones a las sentencias de los juzgados de Paz.
Esta reorganización del proceso para rediseñar la política de
investigación y persecución penal está ahora mismo en manos de la Comisión de
Justicia del Senado, donde junto a los juristas del Instituto Dominicano de
Ciencias Penales las hemos propuesto.
La confrontación entre la Fiscal del Distrito y la Jueza de
Atención Permanente, que es una expresión de la crisis de la justicia penal
dominicana, está ahora en manos del Procurador General de la Corte de Apelación
del Distrito Nacional, José Sepúlveda, el mismo que en Colombia no quiso
escucharme. En tanto, el señor Víctor Díaz Rúa no tiene quien le juzgue y la
ciudadanía no tiene respuesta.
Fuente: El Día
Fuente: El Día
0 Comentarios
Tu comentario es importante