SANTO DOMINGO,
República Dominicana.- El Gobierno de Danilo Medina
llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la
inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de
la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de
oposición política.
Pero sin haber podido solventar
los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad
ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad,
limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido,
precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie.
Los mayores éxitos
El mayor éxito de la primera mitad
del Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la
limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este
año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento
del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su
promulgación.
Aunque todavía no ha alcanzado el
4 por ciento, el Gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la
construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar,
relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La
concretación del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el
analfabetismo han completado el crédito en el sector.
La atención a la pequeña y mediana
empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las
visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil
millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento
del presupuesto de gastos del 2014, y solo se han desembolsado unos 7 mil
millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.
Una política de austeridad,
cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la
malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación,
de hasta 80 por ciento, que ha registrado el Gobierno en las encuestas. La
renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí
constituyó un hito en la popularidad del mandatario.
Se debe acreditar al Gobierno de
Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción
del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años,
aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que
según la Cámara de Cuentas se incrementó en 28 por ciento solo en 2013 y que
este año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda
vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.
Quemado en transparencia
El Gobierno de Medina ha hecho
esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo
veedores en organismos clave como el Ministerio de la Presidencia, pero aún
está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e
Institucionalidad suscrito en la campaña electoral por iniciativa del
movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo
monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento,
registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet. No se
ha logrado establecer la Cuenta Única del Tesoro ni se han eliminado organismos
infuncionales ni duplicidades.
Se reconoce una reducción de la
corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin
combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las
nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos
gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos,
en contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública
a la luz de la Ley de Función Pública.
Un fracaso total ha sido la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido
prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12,
que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los
funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular,
Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de
bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los
informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que
establecieron un plan de austeridad hasta diciembre de 2013.
El reparto del Estado
Pese a la buena intención de
mejorar la administración pública, el Gobierno de Medina llega a su primera
mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su
predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales
conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones
generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y
descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los
dirigentes del Comité Político del partido de Gobierno y sus aliados parecen
inamovibles. Y desde luego, cada uno de ellos dispone de amplia discreción en
las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos
públicos.
El presidente Medina parece haberse
empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al
embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos
públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa
recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.
En un país de tan arraigada
cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y
abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras
legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran
prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la
sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de
personas.
Mientras el mandatario buscaba una
salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de
su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudo nacionalistas.
Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto,
tienen connotación de cuestionamiento al Presidente y a su Ministro de la
Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.
Intereses corporativos
Si en la primera mitad de su período el
presidente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios
para hacer el Gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más
leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha
por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o
determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios
subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.
Los intereses corporativos han
sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales
significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión
gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer
tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para
que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.
Medina y sus asesores pueden
reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya
que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena
aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e
Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha
estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de
la oposición.
El surgimiento de una alternativa
opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus
consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para
Danilo Medina en la segunda mitad de su Gobierno, que inicia esta semana.
Los mayores fracasos
No haber logrado concretar los
pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica
de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta
primera mitad de Gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las
urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el Gobierno
arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto
fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.
Ha cifrado su ataque a la crisis
energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el
carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque
ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido
su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este Gobierno.
El combate a la inseguridad ciudadana
ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma
integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y
Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las
relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente
Medina.
Los resultados en el mejoramiento
de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por
ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión
de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser
compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la
chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.
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