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| Aníbal de Castro, embajador dominicano en Washington, Estados Unidos. |
Señora Kerry
Kennedy, Presidente Robert F.
Kennedy Center for Justice
and Human Rights.
1300 19th
Street, NW,
Suite 750,
Washington,
DC 20036.
Señor Santiago
Cantón, Director RFK
Partners for Human Rights. 1300 19th
Street, NW,
Suite 750,
Washington,
DC 20036.
Estimados señores Kennedy y
Cantón:
Con la publicación del más
reciente artículo del señor Cantón en el diario El País, me resulta ya
impostergable expresarle mi profunda preocupación por la campaña de
desinformación que patrocina la Fundación Robert F. Kennedy (RFK) contra la
República Dominicana. Esta cruzada, de una vehemencia rayana en animosidad,
descaradamente insiste en desconocer tanto las realidades de nuestro país como
las medidas positivas y de amplio alcance implementadas por el Gobierno para reducir
la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados. Estos manejos para
desacreditar al país, hasta el punto de intentar socavar su relación comercial
con socios internacionales claves como los Estados Unidos, son acciones que
contradicen las metas humanitarias de las cuales se jacta su organización.
Responderé a tres de los
argumentos engañosos que sustentan la postura de RFK, tal como han sido
planteados en sus múltiples notas de prensa, eventos y artículos. Primero, el
planteamiento que la República Dominicana ignora sus obligaciones
internacionales al desoír las consideraciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema de la adquisición de la ciudadanía.
Segundo, el planteamiento de que la República Dominicana debió desacatar el
fallo del Tribunal Constitucional del año 2013, violentando el principio de la
separación de poderes y por lo tanto el sistema democrático en que este se
sustenta. Finalmente, refutaré la premisa de que al tomar decisiones en torno
al tema migratorio los dominicanos actúan motivados por un supuesto espíritu de
discriminación contra personas de piel oscura, particularmente haitianas.
En primer lugar, la República
Dominicana ha planteado claramente tanto a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos como a la Corte su posición en torno al tema del derecho a la
nacionalidad dominicana de los descendientes de extranjeros. Para comenzar, el
país nunca ha violado el principio de que “Toda persona tiene derecho a la
nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”,
plasmada en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dado su extenso conocimiento de
las reglas relevantes sobre migración y ciudadanía, es imposible que ignoren el
artículo 11.2 de la Constitución Haitiana de 1983 que declara explícitamente:
“Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de
madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos que no hayan renunciado a su
nacionalidad al momento de su nacimiento”. Mientras Haití opere bajo el
principio del ius sanguinis, es incuestionable el derecho de todo aquel de
padres haitianos de acceder a la nacionalidad de estos sin importar dónde haya
nacido, incluida la República Dominicana. No puede imputársenos cualquier
dificultad procedural o administrativa para dotarse de documentos de su país
que enfrente un extranjero si este se encuentra fuera del parámetro
constitucional para la ciudadanía dominicana pero tiene derecho a la
nacionalidad de sus padres. Tampoco puede tal obstáculo generar al país
obligaciones adicionales a las ya asumidas bajo el derecho internacional.
Los hijos de padres dominicanos
que nazcan en cualquiera de los aproximadamente 160 países bajo el ius
sanguinis, incluyendo, por supuesto, Haití, no adquieren ipso facto una
nacionalidad distinta a la dominicana. Nadie arguye, sin embargo, que por ser
miembros de la extensa comunidad de emigrantes dominicanos esparcidos por el
mundo y no tener derecho a obtener la ciudadanía de su lugar de nacimiento
corren riesgo de apatridia. Su imputación tan repetida de que la República
Dominicana está generando apatridia entre los descendientes de haitianos al no
otorgarles la ciudadanía dominicana es falsa y perniciosa; a otros países no
los instan activistas internacionales a que vulneren el estado de derecho para
acomodar presiones políticas exógenas.
Igualmente falaces son las
obstinadas acusaciones de que la República Dominicana aplica un nuevo marco
legal retroactivamente, en perjuicio de su población inmigrante. Los fallos de
la Suprema Corte de Justicia en 2005 y el Tribunal Constitucional en 2013
responden ambos exhaustivamente a esta denuncia: la tradición legal del último
siglo, incluyendo leyes, tratados migratorios internacionales, y la
jurisprudencia generada por las cortes, claramente establece los límites del
estatus de inmigrante no permanente o ilegal de un extranjero.
Como admite incluso la CIDH, el
derecho internacional concede a los Estados determinar las condiciones para la
adquisición de su nacionalidad. Solo pedimos que la República Dominicana reciba
este mismo trato; e insistiremos en esta demanda en cada foro, especialmente
cuando nos juzguen mediante un uso selectivo de la información o, como en el
caso de las niñas Yean y Bosico vs. la República Dominicana, antes de que sean
debidamente explorados y agotados todos los recursos legales locales.
En segundo lugar, abordaré su
afirmación de que el Gobierno dominicano no debe acatar los fallos del Tribunal
Constitucional. La realidad es que el desconocimiento al mandato explícito de
la más alta instancia judicial del país tendría un costo simplemente
incalculable en términos políticos y de gobernanza. Debe resultar evidente para una entidad
interesada en la paz mundial que esta comienza en casa, con el respeto a las
leyes y reglas que organizan la sociedad democrática y la separación de
poderes.
Su argumentos en este sentido giran
principalmente en torno a la posición de la Comisión y de la CIDH. Sin embargo,
la más reciente sentencia de la CIDH ha puesto nuevamente en entredicho la
legitimidad del organismo regional al insistir en ignorar ordenamientos
internos de los Estados y transgredir su competencia. Más allá de la ya
mencionada negación del derecho intrínseco de la República Dominicana a
determinar su propio ordenamiento jurídico, en franco menosprecio de la
realidad imperante en la mayoría de países del mundo, sorprende el
desconocimiento deliberado de los pasos concretos ya dados para mejorar la
situación de los derechos de los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el
país. Este sesgo criticable, en persecución de una agenda muy particular,
socava la facultad de la Corte para actuar como órgano jurisdiccional regional,
en defensa de todos en el Continente y no solo de aquellos que presumen de un
discernimiento privilegiado en cuanto a la mejor aplicación de las normas
fundamentales de protección de derechos. Resulta imposible para nuestro país
participar en esta confabulación, que obra en detrimento de la estabilidad del
Estado de Derecho en la región.
No obstante la historia que
quisieran contar los actuales miembros de la CIDH, nuestro gobierno ha actuado
con celeridad para encontrar soluciones a las situaciones generadas por el
estado actual de documentación en el país y el fallo de la sentencia 168-13,
siempre en el marco de la ley y en busca de un amplio consenso. La legitimidad
de las medidas implementadas luego de este proceso abierto y democrático es
indisputable y satisface el derecho de autonomía del pueblo dominicano. La ley
169-14 contempla cada situación enfrentada por los hijos de extranjeros
indocumentados en la República Dominicana. Considerada junto al Plan de
Regularización - un esfuerzo ambicioso sin precedente en nuestro hemisferio -
resulta indudable que nuestro Gobierno está comprometido con la protección de
cada individuo bajo su jurisdicción. Su descalificación de los avances logrados
a favor de la población inmigrante, no solo los más profundos en la región sino
frutos de un enfoque conciliador con apoyo popular importante, me obliga a
cuestionar seriamente el compromiso de su organización con la democracia y la
paz.
Es muy fácil ponderar los derechos
humanos en abstracto o a través del prisma académico. En cambio, el Gobierno
dominicano enfrenta todos los días las realidades políticas y complejidades
intrínsecas a una democracia en proceso de maduración. Trabajamos, empero, para
asegurar que las obligaciones y derechos consagrados en nuestra Constitución
apliquen igualmente a todos dentro de nuestro territorio. Los valores
inherentes a la noción de derechos humanos son universales, y sin embargo en
este tema ustedes suelen rastrear torpezas solo en las acciones de la República
Dominicana.
En tercer lugar, una campaña en el
plano internacional tan mal fundamentada solo puede ganar aparente autenticidad
si se invoca el fantasma del racismo. Por eso nuestros detractores realzan la
supuesta atmósfera de discriminación que permea las actitudes dominicanas hacia
los haitianos y sus descendientes en el país. Cada vez que se discute o se
cuestiona el tema migratorio, tan presente en nuestro país como en economías
desarrolladas en Europa y en los Estados Unidos, donde sí se mantiene un debate
abierto al respecto, hay voces que lo atribuyen al rechazo generalizado de los
haitianos simplemente por el color de su piel.
En realidad, puede hasta
sorprender la poca fricción que genera la coexistencia de los dominicanos y
haitianos, habida cuenta de la magnitud de la inmigración ilegal hacia la
República Dominicana en décadas pasadas. A pesar de la presión sobre los
servicios públicos dominicanos, lejos aún de una cobertura verdaderamente
universal y de calidad para sus beneficiarios, no hay un sentimiento popular en
contra de la solidaridad que se expresa cada día en las atenciones dadas a los
extranjeros. Tampoco existe política gubernamental alguna que les niegue
servicios básicos. Más allá de la práctica de puertas abiertas que mantienen
los proveedores públicos, los inmigrantes disfrutan de innumerables facilidades
y privilegios, especialmente en el acceso al sistema sanitario y a las cortes
laborales.
Bastan unas pocas cifras para
ilustrar la dimensión del impacto: alrededor del 18 por ciento del presupuesto
de salud pública se emplea en atenciones a extranjeros (de los cuales alrededor
del 98 por ciento son haitianos), y en algunos hospitales fronterizos más de 50
por ciento de los partos son de madres haitianas. Según cifras oficiales, el
número de estudiantes haitianos que accedieron a las escuelas públicas
dominicanas en 2013 fue 34,158. Es de sobras sabido que casi sin excepción
nuestros maestros y directores de escuela conciben la educación como un
derecho, sin importar nacionalidad. Esto explica por qué algunas escuelas
públicas fronterizas acomodan los horarios a los estudiantes que cruzan la
frontera todos los días para estudiar en la República Dominicana.
Por supuesto, el mejor ejemplo de
la verdadera actitud de los dominicanos hacia sus vecinos más cercanos sigue
siendo el derrame espontáneo de ayuda y solidaridad que suscitó el terremoto de
2010. Al día de hoy, con sus esfuerzos infatigables para avanzar la ambiciosa agenda
bilateral, nuestro país demuestra una vez más su intención de construir un
destino compartido con Haití. Les advierto que es muy firme nuestro rechazo a
las voces que buscan sembrar discordia entre nuestros países y su gente, y
contamos con la firme colaboración de Haití para la solución satisfactoria de
los problemas comunes.
La República Dominicana estará siempre
dispuesta a trabajar con quienes deseen hacer aportes constructivos al
bienestar de nuestra isla, pero solo en un ambiente de verdadero respeto e
igualdad. Quedo a su disposición para discutir la posibilidad de un diálogo
abierto bajo el postulado de que la República Dominicana labora con buena fe
para trazar un camino de desarrollo sostenible e inclusivo, sin acusaciones espurias e insinuaciones
dañinas.
Con esta carta les invitamos a
cambiar la obsesión por cooperación, y la miopía por una visión amplia de las
realidades de la isla Española. Les pedimos que unan sus fuerzas a las nuestras
para continuar construyendo una verdadera democracia para los dominicanos y
todos los que disfrutan de nuestra hospitalidad. No me cabe duda de que Robert
F. Kennedy hubiera asumido esta tarea con entusiasmo.
Con la más alta consideración, se
despide,
Aníbal de Castro,
Embajador.
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