ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva del
Observatorio Red Social, emplazó mediante acto de advertencia legal al
Ministerio de Educación (MINERD), a desautorizar los aumentos en las tarifas de
los colegios privados.
El Observatorio, representado por Juan Carlos Espinal,
director ejecutivo y el licenciado Jhon Garrido, en calidad de abogado y
apoderado especial, expresaron que el Ministerio de Educación debe cumplir su
rol que por mandato constitucional legal y por sentencia del Tribunal
Constitucional, lo autoriza y faculta a intervenir en el control de las tarifas
de los colegios privados.
Espinal argumentó que es inaceptable que los colegios
privados aumenten las tarifas o cuotas cada año sin regulación estatal, situación está
que perjudica el presupuesto familiar de la clase media en todos sus niveles.
Asimismo, explicó que existe una gran diversidad de los
libros de textos que se utilizan tanto en los centros educativos públicos como
privados, y que los estudiantes no pueden utilizarlos de un nivel a otro, por
los constantes cambios de los mismos cada año.
Además, agregó que la Constitución establece en su artículo
63 que la educación es un derecho fundamental para todas las personas, que debe
ser integral, de calidad y permanente en igualdad de condiciones, y que la
misma es un derecho prestacional que el Estado puede autorizar a particulares
ofrecerlo, pero nunca podrá dejarlo sin control ni regulación.
“La ley No. 86-00 autoriza al Ministerio de Educación
regularizar las tarifas de los colegios privados, y para lo cual se debe tomar
en cuenta un justo margen de beneficios acorde con la calidad de la enseñanza
ofertada por cada centro educativo, y que dichas tarifas se revisarán cada tres
años o cuando un colegio presente los presupuestos que demuestren nuevas
inversiones y transformaciones en uno o varios de los componentes de la escala,
con el fin de su reclasificación”, puntualizó.
El director ejecutivo de la entidad ponderó que el Tribunal
Constitucional estableció en la sentencia TC/0058/13 que el Estado tiene la
potestad de intervenir en la regulación del sistema educativo tanto en el nivel
público como privado.
De acuerdo a esa normativa, esa intervención no debe ser
vista como una intromisión, sino como una regulación para que derecho a la educación
sea realmente un derecho educativo.
El Observatorio Red Social enfatizó que existen sanciones
económicas a quienes intenten violar la escala de tarifas establecidas por el
Consejo de Educación, las cuales consisten en multas de RD$10,000 hasta RD$100,000
pesos y la revocación inmediata de la medida alcista, de producirse reincidencias
el colegio infractor, podrá ser suspendido de sus facultades e incluso retirársele
su licencia o permiso para operar.
0 Comentarios
Tu comentario es importante