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Usurpación periodística en la República Dominicana


Por Alberto Quezada.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Ha vuelto a la palestra pública el viejo debate sobre la obligatoriedad de la titularidad para  poder ejercer el  periodismo en la República Dominicana.

Este debate público se ha generado a raíz del pedido que recientemente hiciera el  presidente del Colegio Dominicano de Periodista (CDP), Adriano de la Cruz, al Congreso Nacional, en procura de más celeridad  para lograr  la aprobación de las modificaciones sometida por esa entidad gremial a la Ley  10-91 que regula el ejercicio periodístico.

Hay Dios mío! y para qué ha sido eso, han salido como jauría una serie de personajes vinculados al periodismo desde hace muchísimo años alegando que con esa iniciativa del colectivo periodístico lo que se pretende es coartar la libertad de expresión y pensamiento a los ciudadanos.

En honor a la verdad, resulta risible esa posición, dado el hecho de que esas personas  a las cuales se le suponen ciertas condiciones intelectuales y profesionales se estén comportando en el siglo XXI como soportes ideológicos de una posición que ya no cabe en estos tiempos en donde se  exigen  reglas de juego claras y transparencia.

Aquí el ejercicio del periodismo hay que adecuarlo, ajustarlo a los nuevos tiempos, y la mejor manera de hacerlo es actualizando su marco jurídico que en este caso es la Ley 10-91.

Pienso, que en vez de oponerse o torpedear la iniciativa del CDP, lo que se debe es procurar unirse y articular una cruzada que saque de una vez y por todas de los medios de comunicación a todos esos –seudos periodistas- sin títulos que malean la profesión más bella del mundo,  como dijera Gabriel García Márquez, premio nobel de literatura.

El ejercicio del periodismo en la República Dominicana no puede continuar manga por hombro, como está hasta hora, por un bendito chantaje de unos cuantos que pretenden hacer doctrina con un argumento débil e insustancial de una supuesta limitación a la libertad de expresión. Basta ya!!.

Se debe entender, pues, que no se está  limitando ni se pretende coartar  libre expresión ni pensamiento a nadie, lo que si se busca es organizar este desorden en torno a una profesión que ha sido relajada hasta lo indecible y eso ya es inaceptable. Más nada.

El autor es periodista y magister en Derecho y Relaciones Internacionales. Reside en Santo Domingo. 

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