Por Danilo
Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Junta
Central Electoral (JCE) tiene la responsabilidad de organizar y arbitrar los procesos
eleccionarios del 16 de febrero y del 20 de mayo en un marco de cumplimiento a
las leyes 15-19 y 33-18, para que los resultados de esos dos certámenes sean la
expresión de la voluntad popular.
Que
sepa la JCE que las primarias del 6 de octubre pasado fueron una especie de
experimento, en el que fracasó por lo menos en lo que toca al Partido de la
Liberación Dominicana, al permitir que se sufrague, en muchos lugares del Sur
del país, hasta altas horas de la noche, precedente nunca visto en la historia
electoral dominicana y que todo indica que provocó perjuicio al doctor Leonel
Fernández.
El
éxito de estos venideros comicios no se limita a que la JCE cuente los votos emitidos
de forma electrónica y manual, se requiere también que impida la comisión de
los famosos delitos electorales, sobre manera la compra de cédulas y de
personas.
Ya
Manuel Jiménez, candidato a alcalde por el Santo Domingo Este, denunció que el
PLD está alquilando casas en los alrededores de los recintos de votación de esa
localidad, con la única finalidad de comprar votos y cédulas de las personas
que se encuentren en las filas.
¿Qué
ha hecho la JCE en torno a esa denuncia? ¡Nada! El presidente de la JCE lo que
acostumbra es a ofrecer una sonrisa burlona ante las quejas de los candidatos
de la oposición.
Lo
que procede es que la JCE investigue las denuncias anticipadas que se hacen en
torno a los delitos. Y que el 16 de febrero, día en que se celebran los
comicios, aprese a todo al que sorprenda en la vulgar práctica de compra de
votos y de cédulas. En los procesos eleccionarios el poder descansa en la JCE y
para tales fines la ley pone a su disposición la Policía Electoral.
Si la
JCE no ejerce los poderes que la ley le otorga, ¿qué va a pasar entonces? Que
los candidatos de oposición prepararán sus propias fuerzas, hombres bien
armados, para impedir que el oficialismo altere la voluntad popular. Si la JCE
no ejerce sus atribuciones de forma responsable, entonces el pueblo se empodera
y hace justicia con sus propias manos. ¡Qué pena!
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