Responsabilidad de la Junta Central Electoral

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Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA DIGITAL,  SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) tiene la responsabilidad de organizar y arbitrar los procesos eleccionarios del 16 de febrero y del 20 de mayo en un marco de cumplimiento a las leyes 15-19 y 33-18, para que los resultados de esos dos certámenes sean la expresión de la voluntad popular.

Que sepa la JCE que las primarias del 6 de octubre pasado fueron una especie de experimento, en el que fracasó por lo menos en lo que toca al Partido de la Liberación Dominicana, al permitir que se sufrague, en muchos lugares del Sur del país, hasta altas horas de la noche, precedente nunca visto en la historia electoral dominicana y que todo indica que provocó perjuicio al doctor Leonel Fernández.

El éxito de estos venideros comicios no se limita a que la JCE cuente los votos emitidos de forma electrónica y manual, se requiere también que impida la comisión de los famosos delitos electorales, sobre manera la compra de cédulas y de personas.

Ya Manuel Jiménez, candidato a alcalde por el Santo Domingo Este, denunció que el PLD está alquilando casas en los alrededores de los recintos de votación de esa localidad, con la única finalidad de comprar votos y cédulas de las personas que se encuentren en las filas.

¿Qué ha hecho la JCE en torno a esa denuncia? ¡Nada! El presidente de la JCE lo que acostumbra es a ofrecer una sonrisa burlona ante las quejas de los candidatos de la oposición.

Lo que procede es que la JCE investigue las denuncias anticipadas que se hacen en torno a los delitos. Y que el 16 de febrero, día en que se celebran los comicios, aprese a todo al que sorprenda en la vulgar práctica de compra de votos y de cédulas. En los procesos eleccionarios el poder descansa en la JCE y para tales fines la ley pone a su disposición la Policía Electoral.

Si la JCE no ejerce los poderes que la ley le otorga, ¿qué va a pasar entonces? Que los candidatos de oposición prepararán sus propias fuerzas, hombres bien armados, para impedir que el oficialismo altere la voluntad popular. Si la JCE no ejerce sus atribuciones de forma responsable, entonces el pueblo se empodera y hace justicia con sus propias manos. ¡Qué pena!

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