Por
Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO ESTE.- Independientemente de que la Junta Central
Electoral (JCE) sea o no culpable de la
abortada elecciones municipales del pasado 16 de febrero, la salida menos
traumática, después de analizar todas las posibles alternativas, es continuar
con ese tribunal, en la medida en que sea revestido de seguridad y garantÃa de
transparencia para el certamen del 15 de marzo.
Hay sobradas razones para protestar en contra
de esa JCE, a pesar de la disculpa pública dirigida por Julio César Castaños
Guzmán al pueblo dominicano. La disculpa no es suficiente. El daño ocasionado a
la democracia dominicana no hay forma de reponerlo, pero ese órgano electoral
está en capacidad de establecer el origen y las autorÃas materiales e
intelectuales del sabotaje del pasado domingo.
El anuncio de nuevas elecciones tiene que
estar acompañado de una explicación, con lujo de detalles, de las razones que
provocaron la cancelación del torneo anterior. Es una tarea pendiente que el
electorado demanda con prontitud a la JCE, cuyos miembros deben de seguir en
sus puestos hasta agotar el perÃodo por el cual fueron escogidos por el Senado
de la República.
No es
aconsejable abocarnos al pedido de renuncia de los jueces de la JCE, pues de
dimitir serÃan sustituidos por los suplentes, que son cinco miembros del Comité
Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Y empeora la situación.
Y para la destitución de los jueces y sus
respectivos suplentes serÃa un proceso largo y donde los perjuicios para la
población podrÃan ser mayores. Para ser destituidos (ver numeral 1 del ArtÃculo 83
de la Constitución) se requiere que las dos terceras partes de la Cámara de
Diputados apruebe su sometimiento ante el Senado de la República, por faltas graves en el ejercicio de sus
funciones.
¿Y a
quién responde el Senado? Se trata de un Senado peledeÃsta, un hemiciclo que no
ha tenido por norma la búsqueda de consenso en la designación de miembros de la
JCE, de la Cámara de Cuentas ni del
defensor del pueblo.
El
Senado podrÃa, conforme al numeral 4 del ArtÃculo 80 de la Constitución, ratificar o destituir a esos jueces, en caso
de que la Cámara de Diputados considere que han cometido faltas graves, pero también podrÃa darle larga al caso. Y si
las elecciones municipales no se celebran antes del 24 abril, fecha en que
deben de juramentarse las nuevas autoridades, generarÃa un vacÃo institucional,
el cual obligarÃa a una reforma constitucional, que conlleva, entre otras
eventuales posibilidades, a unificar las
elecciones para el 20 de mayo y el embrollo serÃa mayor.
De
manera, que las protestas que escenifican jóvenes de ambos sexos en la Plaza de
la Bandera y en otros puntos de la geografÃa nacional, son justas y saludables
para la democracia dominicana, pero es un error pedir la cabeza de los miembros
de la JCE, es la cabeza del PLD lo que hay que demandar.
La
JCE que hable, que diga todo lo que pasó, porque no podemos acudir al certamen
del 15 de marzo ignorando las causas de lo ocurrido el 16 de febrero. Que no
nos vean la cara de idiotas. Una vez se conozcan las reales razones y los
verdaderos autores intelectuales y materiales (muy distante al teatro que hace
la PolicÃa Nacional), entonces procede revestir a esa misma JCE de seguridad,
rodearla de técnicos calificados de la OEA, de Participación Ciudadana y de los
partidos polÃticos, en procura de unos comicios transparentes el 15 de marzo.
¡Pienso yo!
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